La intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia de Salud marca un hito significativo en el panorama de la atención médica en Colombia. Con una base de afiliados que supera los 5.7 millones, la EPS Sanitas ha sido objeto de una intensa atención por parte de las autoridades de salud en los últimos meses, debido a acusaciones de mal uso de los recursos y un presunto incumplimiento de las normativas financieras.

El proceso que llevó a esta intervención ha sido largo y controvertido. Altos funcionarios del gobierno, incluyendo al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el exsuperintendente de Salud, Ulahy Beltrán, han expresado preocupaciones sobre el manejo financiero de la EPS Sanitas. Se han formulado acusaciones de que la EPS gastó de manera excesiva los presupuestos asignados, a pesar de recibir considerables sumas de dinero del estado.

En noviembre del año pasado, el ministro Jaramillo destacó que la EPS Sanitas es una de las entidades que más recursos recibe a través de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), con más de 31 billones de pesos girados por el gobierno entre 2019 y 2023. Sin embargo, también señaló que es una de las que más gasta en presupuestos máximos, lo que ha generado dudas sobre la gestión financiera de la entidad.

Además, se ha cuestionado la capacidad de la EPS Sanitas para cumplir con las reservas y el patrimonio requeridos por las regulaciones, a pesar de formar parte de un grupo empresarial con presencia internacional y reportar altas utilidades.

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