La Policía Nacional propinó un contundente golpe contra la minería ilegal en el departamento del Tolima tras desarrollar la operación "Pijaos IV", una intervención realizada en la vereda Tuluní, zona rural del municipio de Chaparral.

Durante el operativo, liderado por la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, las autoridades intervinieron un punto dedicado a la extracción ilícita de yacimientos mineros, donde fueron inutilizadas 15 excavadoras y cinco motores industriales utilizados para la explotación ilegal de oro.

Según la Policía, la maquinaria intervenida tenía la capacidad de extraer aproximadamente 22.400 gramos de oro cada mes, una producción que representaba ingresos cercanos a 2,6 millones de dólares dentro del mercado ilegal.

El brigadier general Carlos Germán Oviedo Lamprea, director de Carabineros y Protección Ambiental, indicó que la operación generó una afectación superior a $7.000 millones sobre la cadena logística utilizada para esta actividad ilícita.

De acuerdo con el alto oficial, esta intervención redujo significativamente la capacidad operativa y financiera del Frente Gerónimo Galeano, estructura alineada al Estado Mayor Central, que, según las investigaciones, obtenía ingresos superiores a 300.000 dólares mensuales mediante el cobro extorsivo del 12 % sobre la producción minera ilegal.

Las autoridades también destacaron que el operativo representa un importante avance en la protección ambiental del sur del Tolima, debido a que las actividades ilegales estaban causando graves afectaciones sobre la quebrada La Cañada.

Entre los daños identificados se encuentran la remoción indiscriminada del suelo y el uso de mercurio en los procesos de extracción de oro, prácticas que generan un alto impacto sobre las fuentes hídricas y los ecosistemas de la región.

La Policía Nacional reiteró que continuará ejecutando operaciones contra la explotación ilícita de yacimientos mineros con el propósito de proteger los recursos naturales, debilitar las economías ilegales y afectar las fuentes de financiación de los grupos armados organizados que delinquen en diferentes regiones del país.