Catorce activos, entre inmuebles y sociedades, que pertenecerían a una red señalada de diseñar un modelo ilegal para defraudar al Estado mediante el cobro irregular del Impuesto al Valor Agregado - IVA, fueron evitadas con fines de extinción de dominio.

Los bienes afectados están ubicados en los municipios de El Colegio y Apulo en Cundinamarca; Ibagué, Ambalema y San Antonio  en el Tolima, y Bogotá. De acuerdo con la infomación de las autoridades, al Parecer, estos bienes fueron adquiridos con los dineros producto de las maniobras ilícitas detectadas por los investigadores.

El material probatorio recaudado por las Fiscalía, arroja que, presuntamente, fueron constituidas sociedades para simular la prestación de servicios o ventas de materiales de construcción. Estas actividades habrían sido tercerizadas con múltiples empresas y soportadas con facturas falsas, las cuales sirvieron para realizar cobros de IVA y disminuir la base gravable del impuesto de renta.

Además se conoció que se crearon, al menos, nueve sociedades de papel entre 2013 y 2019, que reportaron operaciones comerciales con 1.970 personas naturales y jurídicas a lo largo y ancho del territorio nacional. Estas razones sociales o empresas, supuestamente, sirvieron de pretexto para sustentar el cumplimiento de los servicios o ventas con la expedición de los documentos falsos.

Con este duro golpe a las finanzas criminales, las autoridades afectaron la administración de impuestos en 706.000 millones de pesos.Por otra parte, los bienes afectados con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión, ascenderían en valor a 3.900 millones de pesos.