Una investigación federal en Estados Unidos puso en el centro de un proceso penal a cuatro ciudadanos con vínculos de origen en Ibagué, señalados de integrar una presunta red que ofrecía servicios migratorios fraudulentos a través de un supuesto bufete jurídico.

La acusación fue radicada en el Distrito Este de Nueva York e involucra a Daniela Alejandra Sánchez Ramírez (25), Jhoan Sebastián Sánchez Ramírez (29), Alexandra Patricia Sánchez Ramírez (38) y Marlyn Yulitza Salazar Pineda (24), quienes residían en el estado de Nueva Jersey. Tres de ellos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty cuando intentaban viajar a Colombia con tiquetes de solo ida, mientras que la cuarta implicada fue capturada en un restaurante del mismo estado. Un quinto señalado permanece prófugo.

Según la investigación de la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York, el grupo habría creado una estructura denominada “CM Bufete de Abogados Consultoría Migratoria” para captar víctimas, principalmente por medio de Facebook, ofreciendo asesorías legales en procesos de inmigración sin contar con licencia para ejercer en Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que los acusados enviaban documentos falsificados con logotipos oficiales y, en algunos casos, organizaban supuestas audiencias virtuales en las que simulaban ser jueces, abogados y agentes federales. La maniobra, según el expediente, llevó a que algunas víctimas dejaran de asistir a diligencias reales ante tribunales migratorios, generando consecuencias legales graves, incluida al menos una orden de deportación que luego fue revocada.

La investigación ha identificado más de 100 mil dólares en transferencias presuntamente fraudulentas. El fiscal federal Joseph Nocella advirtió que el esquema habría explotado la vulnerabilidad de personas en procesos migratorios complejos. Los procesados deberán comparecer ante un tribunal federal en Brooklyn y enfrentan cargos por conspiración de fraude electrónico, fraude electrónico, lavado de dinero y suplantación de funcionarios, delitos que podrían acarrear penas de hasta 20 años de prisión. Las autoridades recalcaron que se trata de acusaciones formales y que los señalados se presumen inocentes hasta que un juez determine su responsabilidad.