La Fiscalía General de la Nación llevó ante un juez de control de garantías al exalcalde de El Espinal, Mauricio Ortiz Monroy, por su presunta responsabilidad en irregularidades detectadas en la contratación del transporte escolar rural en hechos ocurridos en 2012.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargo que el exmandatario no aceptó durante la audiencia.

De acuerdo con la investigación, Ortiz Monroy habría contratado de manera directa a una empresa para prestar el servicio de transporte a 410 estudiantes de 18 veredas, entre ellas Dindalito, Centro, Unión, Sena, La Joya, La Caimanera, Guadalejo, Guayabal, La Morena Parte Alta, Coyarco, Tarula, Puerto Peñón, Canastos, Minuto de Dios, Agua Blanca, Delicias y Santa Ana, quienes debían desplazarse hasta el casco urbano de El Espinal para cumplir su jornada académica.

Según el ente acusador, el contrato superaba los 28 millones de pesos, cifra que excedía la mínima cuantía permitida, por lo que debía adjudicarse mediante el proceso de selección abreviada y no de forma directa. Además, se habría vulnerado el principio de transparencia al no tener en cuenta la pluralidad de oferentes existentes en el mercado.

En el expediente también figura un informe de la Dirección Territorial Tolima del Ministerio de Transporte, que certificaba la existencia de dos empresas habilitadas para prestar el servicio en la región, ubicadas en El Espinal y Purificación, lo que, según la Fiscalía, evidenciaría que sí había competencia para adelantar un proceso objetivo.

El proceso judicial continúa y será un juez de la República quien determine la responsabilidad del exmandatario en este caso que vuelve a poner en el debate la contratación pública en el sur del Tolima.