La Corte ordena medidas de seguridad urgentes para evitar una doble vulneración de los derechos de los excombatientes del antiguo comando conjunto central de las extintas FARC-EP que comparecerán a la audiencia de reconocimiento del macrocaso 01 de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Para la Corte es claro que las audiencias de reconocimiento de la Sala de Reconocimiento de la JEP son precisamente una de las diligencias más importantes que realiza esa jurisdicción. Esto se debe a que son el principal escenario de reconocimiento público de rendición de cuentas de los excombatientes en proceso de reincorporación ante las víctimas y la sociedad, y de materialización de la justicia restaurativa. Por tal razón, víctimas y comparecientes deben contar con todas las garantías de seguridad para comparecer efectivamente a esta audiencia.

En primer lugar, la Sala le ordenó al director general y al subdirector especializado de seguridad y protección de la Unidad Nacional de Protección llevar a cabo un trámite de emergencia para atender la situación de los comparecientes y adoptar e implementar medidas de protección transitorias y complementarias para garantizar la comparecencia segura y efectiva de los firmantes a la audiencia de reconocimiento.

Asimismo, les ordenó cumplir con su deber de actuar de forma célere y proporcional a la magnitud de los riesgos identificados, con base en los principios de presunción del riesgo extraordinario e inversión de la carga de la prueba. La Sala recalcó que, para garantizar la efectiva comparecencia de los firmantes a la audiencia, bajo ningún motivo podrán levantar ni descompletar las medidas de protección ya reconocidas a cada excombatiente.  

En segundo lugar, la Sala les ordenó al Ministerio de Defensa, a la Unidad Policial para la Edificación de la Paz, a la Policía Metropolitana de Ibagué, al Comando Conjunto Estratégico de Transición del Comando General de las Fuerzas Militares, a la División Quinta y a la Sexta Brigada del Ejército Nacional reforzar las estrategias y protocolos para garantizar las condiciones estructurales de seguridad, con el fin de que la JEP pueda realizar la diligencia judicial pacíficamente y sin riesgos de seguridad para quienes asistirán.

Las autoridades anteriormente mencionadas deberán presentar un informe de cumplimiento a la Sala. Asimismo, la Corte advirtió que ante algún incumplimiento de las órdenes proferidas podrá haber responsabilidades disciplinarias o penales.

Finalmente, la Sala le ordenó a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización atender y coordinar el traslado de los proyectos productivos para algunos firmantes debido a su desplazamiento forzado por amenazas contra su vida, integridad y seguridad personal.