La expansión de la minería ilegal en el sur del Tolima encendió las alertas por sus posibles repercusiones en la seguridad, el control territorial y la conservación de las fuentes hídricas. Así lo advirtió el senador Miguel Ángel Barreto Castillo durante un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado, donde pidió a las autoridades nacionales y departamentales presentar resultados verificables frente a esta problemática que afecta a municipios como Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco.

Uno de los puntos que generó preocupación fue el comportamiento de los homicidios en esta subregión. Según cifras provisionales de la Policía Nacional, entre enero y septiembre de 2026 Ataco registró 27 homicidios, frente a siete durante el mismo periodo de 2025. En el conjunto de Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco, los casos pasaron de 19 a 47. Aunque estos registros no permiten establecer que todos los hechos estén relacionados directamente con la minería ilegal, sí evidencian un deterioro de las condiciones de seguridad que, según el congresista, exige una intervención sostenida del Estado.

La preocupación también se extiende al impacto ambiental. De acuerdo con información entregada por Cortolima, durante 2026 se reportaron 491,09 hectáreas afectadas en Ataco, Chaparral y Rioblanco, de las cuales 137,54 corresponden a cauces. Entre las fuentes hídricas que generan mayor inquietud están los ríos Saldaña y Atá, debido a las alteraciones de sus cauces y los procesos de sedimentación que pueden comprometer el abastecimiento de agua y las actividades agrícolas. Sobre este último afluente, Barreto cuestionó que, según las respuestas entregadas por la Gobernación y Cortolima entre septiembre y octubre, todavía no se hubiera informado sobre un plan o cronograma específico para su recuperación.

Durante el debate, el senador también puso bajo la lupa los resultados de las autoridades ambientales. Cortolima reportó multas por 1.506 millones de pesos, pero únicamente un recaudo de 46 millones, equivalente al 3,06 % del monto señalado. Por ello, solicitó aclarar cuánto dinero corresponde a obligaciones en firme y exigibles, qué recursos pueden cobrarse y cuáles son los avances concretos en materia de restauración ambiental. Por su parte, la Gobernación del Tolima informó que entre 2024 y 2026 se realizaron 178 operaciones y 136 capturas, cifras frente a las cuales el congresista pidió establecer cuántos puntos intervenidos permanecen inactivos y qué seguimiento se realiza para evitar que estas actividades se reanuden.

Finalmente, Barreto insistió en que la respuesta institucional no puede limitarse a operativos y anuncios, sino que debe contemplar acciones coordinadas de seguridad, control de las fuentes de financiación de las economías ilegales, recuperación de los ecosistemas y alternativas productivas para las comunidades. El congresista pidió compromisos concretos, con responsables, recursos y fechas de ejecución, que permitan medir los resultados y garantizar la protección de la población y los recursos naturales del sur del Tolima.