La seguridad volvió a encender las alarmas en el Tolima. La gobernadora Adriana Magali Matiz aseguró que en las últimas semanas se han registrado varios hechos atribuidos a disidencias de las FARC y pidió al Gobierno Nacional reforzar la presencia militar para evitar que estos grupos ganen espacio en el departamento.

La mandataria señaló que la situación se ha presentado principalmente en municipios del sur del Tolima. Entre los hechos que mencionó están hostigamientos en Ataco y Rioblanco, ataques con granadas lanzadas mediante drones, la muerte de dos policías en Ataco y la quema de un bus de Cointrasur.

Uno de los hechos más recientes ocurrió en Planadas, donde, según el relato entregado por Matiz, el alcalde se encontraba en la vereda La Esmeralda entregando una obra cuando llegaron hombres armados que intimidaron a la comunidad y desarmaron al integrante de su esquema de protección.

De acuerdo con la información que recibió la gobernadora, los hombres preguntaron quién era el alcalde y le manifestaron que había sido citado en varias oportunidades y que esperaban que atendiera una próxima citación. Matiz aseguró que, por fortuna, el mandatario y las personas que se encontraban en el lugar no resultaron heridas.

La gobernadora calificó el episodio como una situación que no puede permitirse y aseguró que el alcalde requiere mayor protección. Por eso anunció que solicitará reforzar su esquema de seguridad y revisar directamente con él las medidas necesarias para proteger su integridad.

La preocupación de la mandataria va más allá del caso de Planadas. Matiz advirtió que, mientras las Fuerzas Militares adelantan operaciones contra grupos armados en otros departamentos, existe el riesgo de que estas estructuras intenten desplazarse hacia el Tolima. Por eso pidió al Gobierno Nacional establecer una contención fuerte en el territorio.

Entre las solicitudes planteadas está la creación o fortalecimiento de un Batallón de Alta Montaña, además de la instalación de nuevas bases militares en diferentes municipios. La gobernadora mencionó específicamente sectores como San Juan de la China, Anzoátegui y Lisboa como puntos donde ha planteado reforzar la presencia de la Fuerza Pública.

La mandataria también pidió fortalecer las acciones contra la minería ilegal, otro de los asuntos que, según explicó, está relacionado con la presencia y actuación de estructuras armadas en algunas zonas del departamento.

Matiz recordó además que estos hechos no son aislados. Desde el primero de agosto, dijo, se han presentado diferentes situaciones de orden público, entre ellas ataques con drones contra instalaciones policiales, hostigamientos y la muerte de integrantes de la Fuerza Pública.

En Ataco, según su relato, se registró un ataque con una granada lanzada mediante dron contra una zona policial y posteriormente la muerte de dos policías. En Rioblanco, también habló de hostigamientos y del lanzamiento de otra granada con dron que terminó cayendo sobre el Concejo Municipal.

A este panorama se sumó la quema de un bus de Cointrasur, ocurrida en medio de la situación de orden público que afecta al sur del departamento. La gobernadora aseguró que estos hechos obligan a tomar medidas adicionales para recuperar y mantener el control territorial.

La solicitud de mayor presencia militar se produce además en medio de la emergencia por los incendios forestales que afecta al departamento. Matiz considera especialmente preocupante que el Tolima tenga que enfrentar simultáneamente problemas ambientales y de seguridad, mientras algunos municipios requieren presencia permanente de la Fuerza Pública.

Por ahora, la Gobernación espera una respuesta del Gobierno Nacional a las solicitudes planteadas. El objetivo, según la mandataria, es evitar que las disidencias amplíen su presencia en el Tolima y garantizar la seguridad de las comunidades, los funcionarios públicos y la Fuerza Pública.

La gobernadora insistió en que el departamento necesita fortalecer su capacidad de control territorial y que las decisiones deben tomarse antes de que la situación de orden público pueda agravarse.