Un grupo multipartidista de congresistas, entre los que se destacan la Senadora por el Partido de La U Norma Hurtado Sánchez, radicó un proyecto de ley que incorpora algunas transformaciones al modelo de gestión del riesgo sísmico en el país.

La iniciativa busca reformar la Ley 400 de 1997 fijando, por primera vez en la historia legislativa nacional, plazos perentorios y de obligatorio cumplimiento para modernizar el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR).

La propuesta llegó al Congreso de la República semanas después del terremoto que sacudió a una buena parte del país el pasado 10 de agosto y en el cual varias edificaciones sufrieron afectaciones en sus estructuras.

De acuerdo con la Senadora Norma Hurtado, una de las principales impulsoras del proyecto de ley, “Colombia no puede seguir reaccionando únicamente tras sufrir una tragedia”. 

“Con esta propuesta establecemos responsabilidades claras y tiempos definidos para que la prevención sísmica sea una política de Estado rígida, permanente y no coyuntural”, aseguró la Senadora por el Partido de La U.

Entre otros temas, la iniciativa contempla revisiones periódicas obligatorias en las normas, y también se propone que ante la ocurrencia de eventos telúricos de gran magnitud, el Estado tendría un plazo no mayor a 12 meses para efectuar revisiones extraordinarias.

Adicionalmente se busca que sea obligatorio aplicar los análisis de microzonificación sísmica para la expedición de licencias de construcción en los municipios que ya disponen de dicha información técnica.

Y también facultar al Gobierno Nacional para brindar asistencia técnica y financiera a los municipios con altos niveles de amenaza, que equivalen a más del 80 % del territorio nacional, según los autores del proyecto.

“Si bien los eventos naturales son inevitables, sus estragos sobre la población sí se pueden mitigar si el Estado actúa con rigor técnico y oportunidad”, puntualizó la Senadora Norma Hurtado.