El secretario de Cultura y Turismo del Tolima, Alexander Castro Salcedo, solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social derogar las resoluciones 0234 y 0929 de 2026, al considerar que contienen exigencias que resultan lesivas e imposibles de cumplir para miles de propietarios de piscinas en el país.

El funcionario expresó su preocupación por el impacto que estas medidas tendrían sobre pequeños empresarios dedicados a la actividad turística, especialmente en municipios como Melgar y Carmen de Apicalá, reconocidos por su amplia oferta de alojamientos y complejos recreativos con piscinas.

“Ministro de Salud: entienda que los piscineros del Tolima no pueden cumplir con esas resoluciones”, manifestó Castro al referirse a las nuevas disposiciones expedidas por la cartera nacional.

Uno de los principales cuestionamientos del secretario está relacionado con la elaboración de los requerimientos técnicos exigidos por las resoluciones. Según denunció, algunas de las empresas que comercializan los equipos requeridos por la normativa habrían participado en la construcción de dichas medidas.

“Lo que llama la atención y lo que nos inquieta demasiado es que fueron empresarios dedicados a vender los equipos que está requiriendo el Ministerio de Salud, porque figuran en sus páginas, quienes asesoraron para que estos requerimientos se impongan a los pequeños empresarios que tienen piscinas en el departamento del Tolima”, afirmó.

Castro aseguró que los propietarios de piscinas, en su mayoría pequeños empresarios, atraviesan una situación económica compleja y que la implementación de las nuevas exigencias podría agravar aún más sus dificultades financieras.

De acuerdo con el secretario, el sector turístico del oriente del Tolima aún no logra recuperarse completamente de los efectos ocasionados por las obras de la doble calzada Bogotá-Girardot, proceso que se extendió durante varios años y que afectó significativamente la llegada de visitantes.

“Están angustiados porque tuvieron que vivir, sobre todo los del oriente tolimense, la construcción de la tercera calzada durante siete años. Los índices de ocupación bajaron a menos del 13%; después tuvieron que enfrentar una temporada de intensas lluvias que les inundó las piscinas y les causó daños, y ahora aparecen estas resoluciones que generan una preocupación adicional”, sostuvo.

El funcionario agregó que las economías populares que dependen de esta actividad no cuentan con la capacidad financiera para asumir los costos derivados de las nuevas exigencias técnicas, por lo que insistió en la necesidad de revisar y modificar la normativa.

La petición se produce en medio de las inquietudes expresadas por representantes del sector turístico y recreativo del Tolima, quienes consideran que los requerimientos establecidos por el Ministerio de Salud podrían poner en riesgo la sostenibilidad de numerosos negocios dedicados a la operación de piscinas y servicios asociados al turismo.