La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra María Elicesia Padilla, secretaria General y de Gobierno; Edna Rocío Ramírez, secretaria de Hacienda, y Lorena Patricia Zárate, jefe de la Oficina de Contratación del municipio de Venadillo, por cometer presuntas irregularidades en su condición de integrantes del comité evaluador del proceso de Selección Abreviada por Subasta Inversa Presencial (SAMEC No. 022-2021).

De acuerdo con el ente de control, las tres funcionarias inhabilitaron de plano al proponente TECNOPHONE COLOMBIA SAS por no cumplir el requisito habilitante jurídico que consistía en la presentación de un “paz y salvo municipal de tesorería” y, en el mismo informe inicial de verificación de requisitos habilitantes, recomendar al ordenador del gasto adjudicar el proceso al proponente Julio César Beltrán Garzón, de la Comercializadora Todo Tintas y Suministros.

La decisión de las servidoras, según el Ministerio Público, se dio sin solicitar o permitirle al proponente inhabilitado subsanar la ausencia del documento habilitante, pese a que aquel acreditó el cumplimiento de tal requisito dentro del término previsto en la Ley y los pliegos de condiciones para subsanar las propuestas.    

La subasta realizada tenía como objeto “contratar el suministro de equipos, computadores portátiles y tablets que permitan dar cumplimiento al acuerdo municipal No. 020 de 2020 y 013 de 2021 y las actividades enmarcadas dentro de los proyectos de fortalecimiento escolar en las pruebas de estado y estudiantes de las instituciones educativas y fortalecimiento proyecto atención, asistencia y reparación integral de las víctimas del Municipio de Venadillo Tolima”.

Para la Procuradora Provincial de Instrucción de Ibagué, las tres funcionarias incurrieron en falta gravísima, cometida a título de culpa grave.