El departamento del Tolima acaba de recibir un duro golpe a sus finanzas públicas: $300 mil millones de pesos menos para inversión en obras y programas sociales durante el año 2027. La drástica reducción no responde a un plan de austeridad del Gobierno Nacional, sino a una torpeza legislativa en el Congreso que ya provocó su primera sacudida política de alto nivel.

La tijerazo fiscal se produjo durante la madrugada del pasado 20 de octubre en el debate del Presupuesto General de la Nación. Mientras el Senado aprobó el articulado original, la Cámara de Representantes introdujo cambios de última hora sin realizar la debida conciliación entre ambas corporaciones.

El error pasó desapercibido para los equipos jurídicos y de asesores de los ministerios de Hacienda e Interior. La falla técnica tuvo un costo político inmediato: la salida del ministro del Interior, Rodrigo Lara.

El efecto dominó

En términos legales, ante un vicio de procedimiento de esta magnitud, la ley obliga a descartar lo aprobado en plenarias y adoptar el texto que salió del primer debate en las comisiones económicas. Esto se traduce en un retroceso financiero directo para las regiones.

Con el texto original que se discutía en las plenarias, el Tolima alcanzaba una asignación cercana a los $1.3 billones de pesos. Tras el fallo de trámite, la cifra cayó drásticamente, eliminando de un plumazo $300 mil millones presupuestados para la región.

Al haber un vicio de procedimiento se regresa al texto de primer debate, pero con el agravante de que los recursos para los territorios terminan siendo mucho más bajos", advirtió el senador tolimense Juan Caicedo.

Frente común político para recuperar el dinero

Durante la plenaria, Caicedo intentó blindar parte de la financiación del departamento proponer cambios al artículo 65 del proyecto —que regula las coberturas fiscales ante las variaciones del petróleo, combustibles y dólar—, pero su propuesta no prosperó y quedó congelada como una simple constancia.

Ante la emergencia fiscal, la bancada de parlamentarios del Tolima anunció una alianza sin distinción de partidos políticos. El objetivo urgente es hacer bloque de presión ante el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para que reajuste la distribución territorial antes de la firma e implementación definitiva del decreto.

El futuro de la infraestructura, la salud y la inversión social en los municipios tolimenses para 2027 depende ahora de qué tan efectiva sea esta ofensiva política en Bogotá.

Caicedo dijo que también se buscará que la inversión en el departamento que en la administración Petro, rondó el 59 %, vuelva a niveles de los gobiernos de Álvaro Uribe o Iván Duque cuando la inversión departamental supera el 80 %.