Distintas reacciones en medio políticos y educativos causó el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella de ordenar la intervención de la Fuerza Pública al interior de los campus universitarios en caso de que desde allí se originen hechos que alteren la tranquilidad ciudadana.

En su alocución del domingo el mandatario de los colombianos dijo que “Les digo con absoluta claridad: la autonomía universitaria no es una patente de impunidad y voy a ir por ustedes, incluso, entrando a las universidades para sacarlos y hacerlos pagar”.

En una reacción inicial a la medida anunciada por el Presidente de la República, el representante a la Cámara del Centro Democrático Daniel Briceño señaló, al respaldar el anuncio que la autonomía universitaria no es absoluta. Las universidades tienen protección constitucional, pero eso no quiere decir que el código penal y las normas del país no rijan dentro de los campus universitarios.

A su turno, el también representante a la Cámara, Jaime Arizabaleta indicó que la autonomía universitaria no excluye la aplicación de la Constitución y la ley. Arizabaleta afirmó que la Fuerza Pública puede ingresar a los campus en casos de flagrancia y pidió al ministro del Interior, Rodrigo Lara, acelerar el trámite de una ley de ética pública. 

La representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Isabel Vera manifestó que “¿Vuelve el paramilitarismo a las universidades? Cada vez que la fuerza pública ha entrado a la Universidad del Valle han habido estudiantes heridos o asesinados.En las universidades no hay delincuentes, proponer violar la autonomía universitaria es absolutamente inconstitucional, como todo lo que usted propone, Abelardo. Pero déjeme decirle que encontrará un movimiento estudiantil pacíficamente movilizado”. 

En su cuenta de X el concejal de Bogotá por Cambio Radical, Rolando González, respaldó  el anuncio del presidente de la Espriella de “respetar la autonomía universitaria, pero sin permitir que las universidades se conviertan en refugio de delincuentes disfrazados de estudiantes. Deben ser templos del conocimiento,no del crimen”. 

La excandidata presidencial, Vicky Dávila, sobre el tema anotó que “Les llegó la hora a los bandidos infiltrados en las universidades. No podrán seguirse escondiendo dentro de los planteles, los van a capturar. Pagarán por lo que han hecho, hasta asesinar policías. Los grupos criminales sí han infiltrado la universidad, encapuchados y dedicados al reclutamiento de jóvenes y muchas cosas más”.

Para Ana Erazo,quien representante a la Cámara por el Pacto Histórico a través de la red social X sostuvo que “Esto es un atentado contra la autonomía universitaria y una amenaza directa contra las y los jóvenes de las universidades públicas del país. Con esto, el señor @ABDELAESPRIELLA empieza a mostrar lo que podría convertirse en una retaliación brutal contra el movimiento estudiantil, contra su capacidad de organizarse y movilizarse, y contra miles de jóvenes que históricamente no han acompañado su proyecto político. La autonomía universitaria se respeta y al movimiento estudiantil se le garantizan derechos, no se le amenaza.  

La Pedagógica

El Consejo Académico de la Universidad Pedagógica de Colombia en un comunicado expresó que la autonomía universitaria es una garantía constitucional que protege la libertad de pensamiento, la producción de saberes, la investigación social, educativa y pedagógica, la creación artística y el debate crítico, componentes constitutivos de una sociedad democrática.

Indica el Consejo de la Pedagógica que “la historia de Colombia ya ha mostrado en reiteradas situaciones las graves consecuencias que ha tenido responder a las dinámicas conflictivas de las universidades públicas mediante estrategias de militarización y represión. De acuerdo con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, entre 1962 y 2011, se documentaron 588 crímenes contra integrantes de comunidades universitarias , en un periodo signado por la violencia estatal, el paramilitarismo y la actuación de otros actores armados. Estudiantes, docentes, egresados y trabajadores fueron víctimas de asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, amenazas y procesos de estigmatización que han dejado profundas afectaciones en la vida académica y democrática del país”.

Esta mirada histórica exige contar con una comprensión pública sobre la autonomía universitaria como una garantía estrechamente vinculada con la custodia de lo público y la protección de los derechos humanos. Los campus universitarios son espacios en los que confluyen la diversidad política, religiosa, social, cultural, étnica y sexo-genéricas y donde se ejercen libertades esenciales para la democracia y la justicia en cada una de sus dimensiones: social, epistémica, ambiental, restaurativa y anamnética.

Por lo anterior, cualquier intervención que limite la autonomía universitaria o pueda derivar en intervenciones de la fuerza pública que no atiendan al principio de proporcionalidad, va en contra de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la libertad de expresión, la protesta pacífica, la libertad de asociación y el derecho a la educación, protegidos por la Constitución y por los instrumentos internacionales de derechos humanos integrados a nuestra legislación mediante el bloque de constitucionalidad.