La controversia por la intervención de la empresa Velotax continúa escalando. En las últimas horas, Hugo Alberto Ospina Agudelo, presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Taxi (Asoproctax), radicó un derecho de petición dirigido al superintendente de Transporte, en el que cuestiona la legalidad de la Resolución 2004 de 2026, mediante la cual fueron removidos los administradores Diego Amaya Montejo y Edwin Adán Castro Guzmán.

En el documento, Ospina sostiene que la decisión habría sido adoptada sin el debido proceso y asegura que la Superintendencia carecía de fundamento jurídico para remover a los directivos de la cooperativa, razón por la cual afirma haber presentado previamente una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.

Uno de los principales cuestionamientos se dirige al argumento utilizado por la Superintendencia para justificar la intervención. Según el presidente de Asoproctax, la figura de "administradores de hecho", mencionada en la resolución, no constituye un hecho jurídico suficiente para remover a los directivos y, por el contrario, vulneraría principios constitucionales como el debido proceso y la autonomía de las organizaciones solidarias.

El escrito también cuestiona el nombramiento del administrador de saneamiento, Guillermo Buenaventura Cruz. Ospina solicita que la Superintendencia explique bajo qué procedimiento fue seleccionado, cuándo ingresó al listado de elegibles, cuáles fueron los criterios de evaluación utilizados y si realmente cumplía con los requisitos académicos y de experiencia para asumir esa responsabilidad.

Además, pide que se esclarezca si el administrador tiene facultades para designar abogados, contadores, tesoreros, escoltas y demás personal de apoyo, al considerar que la Resolución 2004 únicamente le asignó funciones relacionadas con la depuración del censo de asociados, la protección del giro ordinario de la cooperativa y la convocatoria a una asamblea extraordinaria.

Otro de los puntos expuestos en el derecho de petición advierte sobre el manejo de información reservada de la cooperativa. El dirigente solicita que la Superintendencia delimite formalmente el acceso a documentos confidenciales y evite que terceros, no autorizados mediante acto administrativo, conozcan información financiera, contable y societaria de Velotax.

El documento concluye con 17 solicitudes dirigidas a la Superintendencia de Transporte, entre ellas explicar el procedimiento utilizado para designar al administrador de saneamiento, el origen de las facultades que actualmente ejerce, los mecanismos de control sobre sus actuaciones y quién asumiría eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales por decisiones adoptadas durante la intervención.

La radicación de este derecho de petición se suma a la disputa jurídica que rodea la intervención de Velotax y abre un nuevo capítulo en uno de los procesos administrativos que más atención ha generado en el sector transporte del Tolima.