Desde esta mañana Abelardo de la Estrella y Jose Manuel Restrepo, son el presidente y vicepresidente electos de Colombia, para el periido 2026-2030, luego de que el Consejo Nacional Electoral entregara las credenciales que los acredita como tales.

En su primer discurso como mandatario electo de los colombianos, De la Espriella, advirtió que concede un mes a los grupos armados “para entrar en razón” y someterse al Estado de derecho. “En mi gobierno no habrá ofertas generosas”, aseguró.

Dijo que “a esas personas que están al margen de la ley, disponen de un mes para entrar en razón, organizar su sometimiento al Estado de derecho”.

El presidente electo enfatizó en que durante su mandato no habrá “concesiones inaceptables como las que recibieron del régimen que está llegando a su fin”, en alusión a la gestión del presidente saliente, Gustavo Petro.

De la Espriella, señaló que “La connivencia del actual gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa. En la era del ‘Tigre’ se acabó. La ley y solo el imperio de la ley”, aseguró aludiendo a cómo se hace llamar quién será el nuevo presidente de un país, que aseguró, hereda “golpeado” y con las instituciones debilitadas.

El nuevo jefe del Estado insistió: “La persona a la que he de suceder se encargó de degradar la majestad de la Presidencia de la República, de debilitar las instituciones y de dividir a los colombianos sembrando en el alma de muchos el odio de clase”.

En su discurso ante la sala plena del CNE el presidente electo resaltó como “Mi rival tenía el apoyo del régimen, el respaldo de los periodistas, la financiación de los grandes y oscuros contratistas del Estado. Yo, en cambio, solo contaba con Dios y con un pueblo exasperado por la opresión”, dijo, al prometer una vez más que gobernará para todos los colombianos.

Prometió que habrá garantías plenas para los opositores y para increpar al Gobierno en los marcos que establecen la Constitución y la ley.

Asimismo, De la Espriella anunció que entre sus primeras medidas está la de poner en marcha una auditoría “exhaustiva” para conocer el estado de las cuentas públicas y “determinar el saqueo que ya de por hecho se produjo”.