El proyecto de ordenanza que buscaba reconocer el acuífero de Ibagué como sujeto de especial protección —y que llevaba más de un año en trámite— terminó convertido en un nuevo foco de tensión entre la Asamblea y la Gobernación del Tolima.

Este lunes, cuando estaba listo para su segundo debate, la votación se 'frenó' abruptamente luego de que la secretaria de Ambiente, Erika Lozano, asegurara que desconocía por completo la iniciativa.

Su afirmación generó sorpresa entre algunos diputados, pues existen actas y certificaciones de reuniones previas en las que, presuntamente, la misma dependencia participó y dio aval técnico.

Ante el riesgo de que la ordenanza quedara expuesta a cuestionamientos jurídicos, la Asamblea decidió aplazar la discusión, una determinación que generó profunda molestia en varios integrantes de la corporación, especialmente en el diputado Jaime Tocora, autor del proyecto.

El diputado cuestionó que, tras más de un año de socializaciones, mesas técnicas y comunicaciones formales con la Gobernación, la administración departamental asegurara no conocer el articulado.

Tocora calificó la reacción como una “irresponsabilidad”, y recordó que hubo reuniones en la misma Secretaría de Ambiente con funcionarios delegados por esa cartera.

El corporado también afirmó que este frenazo repentino tendría un trasfondo político.

Señaló que su propuesta habría sido bloqueada por tratarse de una iniciativa presentada desde la oposición.

“Esta ordenanza es la ordenanza presentada por un diputado de oposición y que hoy tumban por ser una ordenanza de la oposición”, denunció.

Según Tocora, su equipo accedió a modificar el texto en varias oportunidades para ajustarlo a solicitudes del Gobierno departamental, gremios y empresas involucradas, incluyendo a Interaseo, con quienes se habrían revisado inquietudes para evitar impactos económicos.

Aseguró que incluso eliminaron artículos completos —como el que hacía referencia al uso de recursos de regalías— y suavizaron la redacción para que las acciones fueran de carácter voluntario por parte de la Administración.

Pero nada de eso, dijo, impidió que el proyecto fuera frenado a última hora.

El diputado también cuestionó el argumento de que la norma impediría la declaración del acuífero como sujeto de derechos, señalando que esa misma Asamblea ya había aprobado figuras similares.

“Totalmente falso”, afirmó, insistiendo en que el verdadero obstáculo sería la ausencia de voluntad del Gobierno.

Reprochó además lo que considera un ambiente de retaliación contra las credenciales de oposición dentro de la Asamblea.

“Pensar distinto no es una posibilidad con este gobierno departamental”, concluyó.