La Comisión Primera de la Cámara de Representantes, convocó a debate de control político a los jefes de las carteras de Hacienda y Defensa, para que rindieran informe acerca del manejo que se ha dado a los pagos ordenados a través de fallos judiciales, a los miembros de la Fuerza Pública, cuya mora asciende a cerca de 2 billones de pesos.

Según cifras esbozadas por una de las citantes, representante Piedad Correal, a junio de este año en el Ministerio de Defensa hay 15.647 procesos, cuyo monto asciende a un billón de pesos y los intereses a 754 mil millones de pesos. En el reporte que maneja la Policía Nacional, la deuda para este ente, asciende a 185 mil millones de pesos, con intereses acumulados de 144 mil millones de pesos.

Por su parte, el congresista Jaime Uscátegui, también citante, cuestionó el pago de 16 millones de dólares para el mantenimiento de helicópteros MI-17, dinero que está a la espera ser devuelto al país, así mismo la inversión de 4.300 millones de dólares, en la compra de nuevos aviones y que el gobierno, según sus palabras, le quitara 30 mil millones asignados a temas de la Fuerza Pública, para dárselos a Migración Colombia; mientras existe este déficit en el pago de las sentencias judiciales en mención.

El secretario (e) del ministerio de Defensa, Raúl Alfonso Gutiérrez, aseguró que no se está negando la deuda sino que no se tienen los insumos para ello y solicitó que el Congreso de la República apruebe la Ley de Financiamiento en discusión.

Tal aseveración fue descalificada por los congresistas, Luz Ayda Pastrana, Piedad Correal y Jaime Uscátegui, quienes insistieron en que no puede descansar el pago de estas obligaciones judiciales en una figura como la Ley de Financiamiento, responsabilizando al Congreso del futuro de ellas y mucho menos insistiendo en obtener más recursos, cuando se persiste en invertir en temas como el Ministerio de Igualdad y abrir más embajadas, entre otros.

Para el representante a la Cámara, Jorge Eliécer Tamayo, faltó que los citados entregasen un cuadro comparativo de lo cancelado por este gobierno en comparación con otros, ya que hicieron alusión a ello, mientras que los representantes citantes, Piedad Correal y Jaime Uscátegui, reiteraron que seguirán muy de cerca el tema, máxime cuando luego de 3 años aún no se ha reglamentado el Plan Nacional de Desarrollo, donde se establecen partidas para el pago de estas obligaciones judiciales por parte del Gobierno Nacional.