En diciembre de 2024, el Congreso de la República aprobó la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones, SGP, a través del cual la Nación transfiere recursos a los departamentos y municipios. Los aumentó del 20 % del Presupuesto General, de hoy, al 39.5 %.

Sin embargo, condicionó la entrada en funcionamiento a una ley que debe establecer cómo debían usarse y en qué invertirse. Pero, a dos meses de vencer el plazo, el gobierno no ha radicado la iniciativa. Ante esas y otras dudas sobre el avance, cronograma, participación territorial y la elaboración del documento, la Comisión Tercera del Senado realizó un debate de control político.

Claridad al país

La sesión la inició Jairo Alberto Castellanos, quien dijo que “Ya es hora de hablar claro al país”, y señaló la importancia del proyecto como “solución al yugo del centralismo con el que se ha sometido a los entes territoriales. La desigualdad frente a las grandes urbes es grande, mientras deben asumir una responsabilidad titánica con sus comunidades”.

La senadora Karina Espinosa, también destacó la importancia de la nueva ley de competencias en el dominio de los recursos públicos: “Queremos más oportunidades, menos centralismo y mejorar los servicios de la gente”. Y agregó que la descentralización es un mandato constitucional, en alusión a la Ley ya aprobada.

Efraín Cepeda, señaló que la reunión debe servir de campanazo de alerta porque el gobierno anunció que en agosto presentaría el proyecto. “No hay voluntad en un gobierno centralista, que no ha cumplido la ejecución presupuestal, dejando 80 billones de pesos en las arcas”, se quejó.

La senadora Carolina Espitia, dijo estar preocupada por cómo y dónde se está elaborando el texto. Un grupo técnico tomando decisiones en Bogotá: “Quien vive en el territorio conoce sus realidades. Cuál es el mecanismo de construcción y en cuáles condiciones”.

Desde el Pacto Histórico, el parlamentario, Julio César Estrada, manifestó que “nosotros cumplimos. Que nos respondan cuándo será radicado o cuáles son las razones para no haberlo hecho y así avanzar en la reglamentación para cerrar brechas sociales”.

La senadora Sonia Bernal, protestó de que se puso a correr al Congreso para aprobar la reforma del SGP y ahora no se presenta la reglamentación de la ley, “que demandará 12 años desarrollarla. Será apenas el inicio de la verdadera descentralización”.

María Angélica Guerra, senadotra del Centro Democrático, cuestionó que no es cierto que hay búsqueda del gobierno de una igualdad efectiva. Y citó como ejemplo a su departamento, Sucre, “donde reducen a la educación 33 % del presupuesto y al agro 37 %, herramientas claves para frenar la desigualdad”. Por eso, pidió “no quedarse en el discurso”.

El senador Castellanos, presidente de la Comisión, se declaró preocupado “porque el cronograma no alcanza. No se va a poder cumplir con los territorios. Ojalá el esfuerzo no se termine hundiendo en el gobierno del cambio. El verdadero cambio se construye con la autonomía para tener un país más igualitario”.