La Ley 2424 de 2024 se aprobó con la esperanza de garantizar la participación paritaria de las mujeres en las diferentes ramas y órganos del poder público, sin embargo, al momento de la reglamentación, el Gobierno de Gustavo Petro decidió hacerle un gol, nuevamente, a las mujeres que lo ayudaron a llegar a la presidencia y que creyeron en su compromiso con el sector feminista.

Así lo muestra el Decreto 0859 del 30 de julio de 2025, expedido por la directora del Departamento Administrativo de la Función Pública y el presidente Petro, quienes hacen una interpretación errada al querer equiparar a los y las ministras con otros cargos directivos de entidades públicas.

Según el análisis hecho por abogados de diferentes organizaciones, entre las que se cuentan la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, la Fundación Artemisas, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia, la Red Nacional de Mujeres, la Fundación Las Guaguas y la Liga Internacional de mujeres por la Paz y la Libertad, con el apoyo de la representante a la Cámara por Bogotá, Jennifer Pedraza, en la reglamentación aprobada por el Ejecutivo se meten todas las entidades en un mismo grupo, flexibilizando e incluso eliminando la paridad en el nivel ejecutivo central, tal como lo demuestra el Artículo 2.2.12.3.4 del Decreto 859 de 2025.

De esta manera, sería posible que todos los ministerios sean dirigidos por hombres, eliminando la paridad en la dirección de las carteras ministeriales, asumiendo que las mujeres podrían estar en la dirección de Agencias Estatales, Empresas de Servicios Públicos, Empresas Industriales y Comerciales del Estado, entre otras, hasta cumplir la cuota de género del 50 %.

Es tan equivocada la reglamentación que meten en la misma bolsa a los y las rectoras de universidades estatales. Desconociendo que la elección de rectores se rige bajo la autonomía universitaria y que cada proceso de selección de rectoría se hace sin importar el sexo de quienes dirigen el resto de universidades y de las y los ministros.

Por todo lo anterior, se presentó una demanda de nulidad para tumbar este decreto por vulnerar la Constitución, la Ley 581 de 2000 modificada por la Ley 2424 de 2024. La reglamentación es abiertamente contraria a las sentencias de la Corte Constitucional, que ordenan implementar las cuotas de paridad por rango específico de cargo, Ministerios por aparte, superintendencias por aparte, departamentos administrativos por aparte, etcétera, y no de forma global.

Pedraza dijo que espera que en justicia se repare este retroceso frente al derecho de las mujeres a la paridad.