Yully Porras exige transparencia en proyecto para saldar deudas heredadas
En la sesión de la Asamblea Departamental, la diputada Yully Porras, del Partido de la U expresó su preocupación por el Proyecto de Ordenanza 014 de 2025, mediante el cual el gobierno departamental busca autorización para pagar $11.683 millones correspondientes a deudas heredadas de vigencias pasadas.
Porras advirtió que no respaldará la iniciativa mientras no se aclare el origen y legalidad de los compromisos; Según sus declaraciones, 33 de los 35 proyectos con cuentas pendientes corresponden a los años 2020 y 2021, periodo del exgobernador Ricardo Orozco, lo que podría evidenciar compromisos sin respaldo presupuestal que ahora recaerían sobre la administración actual de Adriana Magali Matiz.
Entre las inconsistencias señaladas, destacó el caso de un proyecto de gas registrado en 2020 que solicita el pago de $4.006 millones, pese a que su costo total fue de $2.074 millones y de ese monto ya se ejecutaron $1.685 millones, el saldo real, según la diputada sería de $389 millones, por lo que cuestiona el destino de los restantes $3.600 millones.
En un oficio radicado por segunda vez ante la Secretaría de Hacienda, Porras pidió información detallada de cada deuda con el año de origen, número de CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal) y RP (Registro Presupuestal), montos, saldos, estado actual y certificación de que cada obligación se ajusta a la normatividad vigente, también solicitó explicar el origen de $11.184 millones adicionales reportados como “recursos diferentes a deudas heredadas”.
“Los tolimenses merecen transparencia, no que se legalicen deudas que no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos, mi compromiso es defender cada peso público del Tolima y que la gobernadora pueda cumplir su plan de desarrollo 2024-2027 sin pagar posibles errores de gobiernos anteriores”, afirmó la diputada.
El debate sobre el Proyecto de Ordenanza 014 de 2025 continuará en las sesiones extraordinarias de la Asamblea, mientras la administración departamental deberá responder los cuestionamientos y entregar la información solicitada para destrabar la discusión.
