En los últimos días, el Banco de la República ha tomado una decisión que, aunque técnicamente sólida, vuelve a abrir una discusión de fondo sobre el rumbo económico del país: subir las tasas de interés para contener la inflación.

Desde la teoría económica, la decisión no es cuestionable. Controlar la inflación no es un capricho técnico; es una necesidad. El Banco se vio obligado a reaccionar ante un aumento del salario mínimo del 23% y un gasto público desbordado que el Gobierno financia con deuda externa costosa. Esta es la "medicina amarga": al encarecer el crédito, el Banco intenta frenar el consumo para que los precios no sigan subiendo. En ese sentido, la ortodoxia del Banco tiene fundamento.

Pero Colombia no es un modelo teórico. Es un país donde la economía real funciona con una lógica distinta: aquí el crédito no es únicamente una herramienta de consumo, es un mecanismo de supervivencia. Y es ahí donde aparece la otra cara del debate.

¿por qué no obligar al Banco a bajar las tasas o a darnos dinero? La respuesta está en el espejo de Venezuela. Allá, cuando la Constitución de 1999 le quitó la independencia real a su Banco Central, el gobierno de turno empezó a imprimir dinero para cubrir sus gastos y deudas sin respaldo técnico. Lo que pareció una solución "popular" a corto plazo terminó en la mayor tragedia económica de la región: una hiperinflación que acabó con los ahorros y destruyó el poder adquisitivo de su moneda – el bolívar –. La independencia del Banco de la República es lo que evita que los políticos usen la moneda como su caja menor, protegiendo al menos la existencia misma de nuestro dinero.

El Gobierno Nacional ha insistido en que tasas más altas encarecen la vida cotidiana. Y tiene razón. En un país donde millones de personas dependen de tarjetas, créditos de libre inversión o financiación informal para cubrir gastos básicos, subir las tasas no es simplemente enfriar la economía, es apretar aún más una cuerda que ya está tensa.

El problema es más profundo de lo que parece. Cuando el crédito formal se encarece o se vuelve inaccesible, no desaparece la necesidad de financiamiento. Se transforma. Migra hacia la informalidad, hacia el “gota a gota”, hacia esquemas donde las tasas de interés no solo son más altas, sino donde también desaparecen las garantías, la regulación y, muchas veces, la seguridad.

Es ahí donde una decisión técnicamente correcta puede empezar a generar efectos socialmente peligrosos. Hoy Colombia no enfrenta una inflación desbordada, pero sí enfrenta una presión creciente sobre los hogares. La clase media está financieramente asfixiada, y los sectores populares viven en una economía de flujo diario donde cualquier aumento en el costo del dinero tiene consecuencias inmediatas.

Bajo estas circunstancias, la discusión no debería ser quién tiene la razón, sino cómo evitamos que el remedio termine agravando la enfermedad. Nuestro país necesita una política económica que entienda que la estabilidad macroeconómica y la estabilidad social no son caminos opuestos, sino dos condiciones que deben avanzar juntas. Subir tasas puede ser necesario, pero no puede ser la única respuesta.

Si el Gobierno reduce su déficit y se enfoca en la productividad, la inflación bajará de forma natural, permitiendo que el Banco reduzca las tasas y el crédito vuelva a ser una herramienta de progreso y no un lujo inalcanzable. educación de calidad, generación de empleo formal y una política fiscal responsable que no obligue al Banco de la República a ser el "malo de la película".

Finalmente, cuando la economía formal se cierra, el país no se detiene. El país se rebusca. Y en ese rebusque, muchas veces, pierde.