El Gobierno Nacional confirmó la construcción de 10 nuevas megacárceles como una de las principales apuestas de la administración del presidente Abelardo de la Espriella para ampliar la capacidad del sistema penitenciario y enfrentar el hacinamiento. El anuncio fue realizado por Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, luego de una reunión entre la bancada de Gobierno y el ministro de Justicia, Iván Cancino, en la que se definió parte de la agenda legislativa y penitenciaria para el cuatrienio.

De acuerdo con lo expuesto durante el encuentro, las nuevas infraestructuras tendrían capacidad para albergar entre 1.000 y 1.500 personas privadas de la libertad cada una y estarían destinadas principalmente a internos considerados de alta peligrosidad. El Ejecutivo plantea que estos centros permitan ampliar la capacidad carcelaria, reducir el hacinamiento y limitar la operación de estructuras criminales desde los establecimientos penitenciarios.

Para financiar las obras, el Ministerio de Justicia contempla recurrir al modelo de asociaciones público-privadas (APP), con el propósito de reducir el impacto directo de las inversiones sobre las finanzas públicas. La construcción de estos centros penitenciarios había sido una de las principales propuestas de De la Espriella durante la campaña electoral y posteriormente fue ratificada en su posesión y en intervenciones relacionadas con la política de seguridad.

Durante la reunión también se abordó uno de los principales problemas que enfrenta actualmente el sistema penitenciario: el uso de teléfonos celulares al interior de las cárceles para coordinar actividades delictivas, entre ellas la extorsión. Según explicó Cepeda, el ministro Cancino señaló que los inhibidores de señal instalados en algunos penales han presentado dificultades, debido a que serían desconectados. Las autoridades trabajan en alternativas para evitar que estos mecanismos sean desactivados y mantener bloqueadas las comunicaciones ilegales desde las prisiones.

La apuesta por una política penitenciaria de mayor endurecimiento vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el modelo carcelario del país y las garantías de los derechos de las personas privadas de la libertad. Mientras el Gobierno sostiene que las nuevas megacárceles permitirán recuperar el control de los establecimientos y fortalecer la seguridad, organismos y sectores críticos han advertido en el pasado sobre los riesgos que pueden acompañar las políticas de encarcelamiento masivo. Por ahora, el Ejecutivo avanza en la planeación de los proyectos y en la definición del esquema bajo el cual serían construidas las 10 nuevas prisiones.