El general en retiro Fernando Murillo, el concejal Arturo Castillo y el magistrado del Consejo Nacional Electoral Juan Carlos Wills respaldaron la decisión del presidente Abelardo De la Espriella de levantar la suspensión del porte de armas en Colombia, al considerar que quienes cumplen con los requisitos legales deben poder portar sus armas para su protección y la de sus familias.

Los tres políticos tolimenses fueron consultados por Econoticias sobre la decisión del Gobierno Nacional, que permite nuevamente a cerca de 700.000 ciudadanos con permiso vigente portar sus armas, luego de varios años de suspensión de esta autorización.

Para el general en retiro Fernando Murillo, exdirector de la Dijín y excandidato a la Alcaldía de Ibagué, la medida hace parte de una política de seguridad que también busca fortalecer la capacidad de protección de los ciudadanos.

“Si una persona adquirió legalmente un arma, tiene su permiso de tenencia y además tiene su permiso de porte, puede utilizarla para su protección personal y en el desarrollo de sus actividades”, explicó Murillo.

El exdirector de la Dijín destacó que acceder a un permiso para portar un arma implica superar diferentes controles y verificaciones, por lo que, en su concepto, no se puede comparar a los ciudadanos que cumplen con la ley con quienes utilizan armas de manera ilegal.

“Obtener un permiso no es fácil. Hay unos exámenes psicológicos, unos antecedentes que se revisan y unos comités que estudian cada una de las solicitudes”, señaló.

En la misma línea se pronunció el concejal Arturo Castillo, quien calificó como positiva la decisión del Gobierno Nacional y recordó que durante varios años se ha discutido la necesidad de proteger los derechos de quienes cumplen con los requisitos para tener y portar legalmente un arma.

“Durante muchos años hemos venido trabajando en que a las personas que tienen un permiso legal no se les pueda quitar ese derecho mediante decretos de suspensión”, manifestó Castillo.

El cabildante señaló que comerciantes, empresarios y otras personas que pueden estar expuestas a situaciones de inseguridad deben tener la posibilidad de utilizar los mecanismos de protección contemplados por la legislación.

“Hay que entender que tampoco podemos tener un policía en cada esquina. Hay personas que, por su actividad económica, por su condición o por el riesgo que enfrentan necesitan tener una herramienta para poder defenderse”, sostuvo.

A estas voces se sumó el magistrado del Consejo Nacional Electoral y excandidato al Senado Juan Carlos Wills, quien calificó como una “gran noticia” el levantamiento de la suspensión y recordó que esta restricción venía siendo prorrogada por diferentes gobiernos desde hace varios años.

“Es una gran noticia. Durante ocho años estuvimos dando esta lucha en el Congreso para que las personas que cumplen con todos los requisitos pudieran hacer uso de sus armas legalmente”, afirmó Wills.

El magistrado sostuvo que la discusión no debería centrarse únicamente en las armas en manos de los ciudadanos que cumplen la ley, sino también en el problema que representan las armas ilegales utilizadas por los delincuentes.

“Los delincuentes no pueden ser los únicos que estén armados. La gente de bien, los comerciantes, los empresarios, los ganaderos y quienes cumplen con los requisitos también tienen derecho a defenderse y a defender a sus familias”, aseguró.

Es de resaltar que la decisión del Gobierno Nacional no significa que cualquier ciudadano pueda salir a portar un arma sin autorización. La posibilidad continúa condicionada al cumplimiento de los requisitos y controles correspondientes, mientras permanecen las restricciones para quienes no cuentan con los permisos establecidos.