El Gobierno nacional a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio publicó para comentarios de la ciudadanía un proyecto de decreto que reglamenta las condiciones de protección de moradores en proyectos de renovación urbana, con énfasis en las reglas para el uso de la expropiación.

Este proyecto de decreto tiene como objetivo principal establecer mecanismos de protección del derecho a la vivienda, y de otros derechos, para quienes, además de ser propietarios, habitan en los sectores donde los gobiernos distritales y municipales adelanten programas o proyectos de renovación urbana y utilicen la expropiación a favor de proyectos inmobiliarios privados.  

En ese contexto, reglamenta algunas disposiciones de las leyes 9.ª de 1989 y 388 de 1997 sobre el alcance de los proyectos de renovación urbana, el pago de la indemnización con una vivienda de reemplazo en el ámbito del proyecto y las condiciones que deben cumplir las entidades competentes para expropiar a favor de particulares, en términos de acceso a la información, garantía de participar en la gestión de los proyectos, tratamiento en condiciones de igualdad y mediante la distribución equitativa de cargas y beneficios de las personas eventualmente afectadas por la expropiación. 

Con esta norma se busca, en el marco del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,  que el uso de la expropiación atienda a los objetivos y principios constitucionales de indemnización justa, de igualdad y de participación equitativa en las cargas y beneficios derivadas de las actuaciones públicas, teniendo en cuenta las condiciones socioeconómicas de los afectados, con el fin de evitar que personas y hogares sean expulsadas del lugar en el que habitan en la ciudad o se enfrenten a la pérdida de la vivienda  u otras situaciones de empobrecimiento. 

El Ministerio de Vivienda espera con este Decreto facilitar acuerdos entre los distintos partícipes de los proyectos de renovación urbana, a través de la definición de reglas claras y equitativas para el uso de la expropiación a favor de terceros, y así reducir conflictos, resistencias y afectación de derechos que se han producido en algunas ciudades cuando se altera  el equilibrio que deben asegurar las entidades públicas entre el interés general y el particular y en la protección de derechos sociales de rango constitucional. 

El plazo para enviar los comentarios vence el 8 de abril.