La incertidumbre y la angustia continúan creciendo en una familia del barrio El País, en la comuna Siete de Ibagué, que asegura completar casi una semana sin recibir información clara sobre el paradero de tres menores de edad retirados de una vivienda durante un procedimiento adelantado por funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y uniformados de la Policía.

Desde que ocurrió la intervención, los familiares afirman que no han podido tener contacto con los niños ni conocer detalles precisos sobre el lugar donde permanecen, situación que, según indican, ha generado un profundo impacto emocional en todos los integrantes del hogar.

La controversia se originó luego de que la propia familia acudiera inicialmente a las autoridades para solicitar una custodia temporal de los menores, argumentando que la madre atraviesa una enfermedad de diagnóstico reservado que ha afectado significativamente la dinámica familiar.

Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda de apoyo institucional terminó convirtiéndose en un conflicto que hoy sigue sin resolverse. Los allegados sostienen que durante las visitas realizadas por funcionarios se presentaron desacuerdos relacionados con la atención del caso y con decisiones adoptadas posteriormente respecto a los menores.

Según la denuncia de la familia, horas después de una primera visita de profesionales del área psicosocial, funcionarios regresaron acompañados por uniformados de la Policía para retirar a los niños y trasladarlos a valoraciones médicas, procedimiento que fue rechazado por algunos familiares al considerar que no existía autorización de los padres.

La madre de los menores ha manifestado públicamente que desde entonces no ha logrado obtener respuestas concretas sobre el estado de sus hijos. Entre lágrimas, aseguró que la falta de información se ha convertido en una de las situaciones más difíciles que ha enfrentado desde que ocurrió el procedimiento.

Los familiares también afirman que durante la diligencia se registraron momentos de tensión dentro de la vivienda y sostienen que una adulta mayor habría resultado afectada en medio de la intervención. Además, reiteran que continúan esperando una explicación oficial sobre las medidas adoptadas y el sitio donde permanecen los menores.

Mientras tanto, la madre ha intentado desvirtuar algunos señalamientos surgidos en redes sociales y ha mostrado públicamente exámenes que, según afirma, respaldan su versión frente a cuestionamientos relacionados con su situación personal.

A la fecha, los familiares insisten en que su principal petición no está relacionada con confrontaciones judiciales, sino con obtener información clara sobre los niños y garantizar que puedan conocer su estado de salud y bienestar. Entretanto, el caso sigue generando reacciones entre ciudadanos que reclaman transparencia institucional y garantías tanto para los menores como para su núcleo familiar.