La Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presunto maltrato animal a María Constanza García Aguirre, propietaria de un refugio para perros ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa, Cundinamarca, donde fueron encontrados más de 300 caninos en condiciones que comprometían su bienestar.

De acuerdo con la investigación, el lugar funcionaba como un hogar de protección para animales rescatados de las calles o de situaciones de abandono y recibía donaciones destinadas a su cuidado. Sin embargo, las autoridades concluyeron que el predio terminó convirtiéndose en un espacio de hacinamiento que no garantizaba las condiciones mínimas para la protección de los animales.

Las irregularidades fueron detectadas durante varias diligencias realizadas de manera conjunta por la Fiscalía, la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC).

Según el ente acusador, durante una inspección efectuada el 12 de agosto de 2022 se evidenció que en el lugar permanecían más de 300 perros sin acceso suficiente a agua y alimento, además de encontrarse en un entorno que carecía de la infraestructura y los recursos necesarios para asegurar su bienestar.

Las autoridades también encontraron animales con enfermedades, lesiones visibles y cuadros crónicos de desnutrición, circunstancias que habrían puesto en riesgo su integridad física y su estado de salud.

Con base en los elementos recopilados durante la investigación, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó a García Aguirre el delito de maltrato animal.

No obstante, durante las audiencias preliminares, la procesada no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

El proceso judicial continuará mientras las autoridades avanzan en la investigación para determinar la responsabilidad de la propietaria del refugio en las condiciones en las que fueron encontrados los más de 300 perros que permanecían en el predio.