Un operativo adelantado por autoridades locales en el sector de El Salado, en Ibagué, desató una fuerte controversia luego de que 26 familias denunciaran afectaciones en sus terrenos y construcciones, mientras la corregiduría aseguró que la diligencia buscaba restablecer una servidumbre de tránsito decretada desde 1994.

La tensión se apoderó del sector de El Paujil, en El Salado, durante una diligencia adelantada por autoridades locales para despejar una servidumbre de tránsito que, según la administración, había sido ocupada irregularmente. En medio del operativo, varias familias denunciaron que maquinaria pesada destruyó bases y estructuras que hacían parte de proyectos de vivienda levantados en predios que aseguran haber adquirido legalmente.

De acuerdo con Patricia, representante de las familias afectadas, son al menos 26 hogares los que hoy temen perder el sueño de tener casa propia. La líder aseguró que los terrenos cuentan con escrituras públicas y registros oficiales, por lo que rechazó que se trate de una invasión. Además, cuestionó que las autoridades actuaran sin una delimitación georreferenciada clara sobre el trazado de la servidumbre.

“Esto no es legal, ellos no pueden hacer esto, le pueden dañar el patrimonio a las personas”, expresó Patricia, también denunció que existen procesos pendientes en segunda instancia desde hace más de 18 meses. Según la comunidad, la intervención habría sido arbitraria y sin una orden judicial que autorizara el retiro de las construcciones.

Por su parte, la corregidora encargada defendió el procedimiento y aseguró que la diligencia buscaba restablecer el paso de una servidumbre decretada judicialmente desde 1994 y ratificada en decisiones recientes de la corregiduría. Según explicó, algunas personas habrían ocupado el corredor vial por vías de hecho, levantando cambuches y adelantando construcciones que impedían el tránsito hacia un predio privado.

La funcionaria también indicó que, aunque varias familias adquirieron lotes en el sector desde 2017, la servidumbre ya existía antes de esas ventas, por lo que sugirió que pudieron haber sido engañadas al momento de comprar. Mientras tanto, el operativo continuó con presencia de Policía Metropolitana, agentes de tránsito y funcionarios de diferentes dependencias, en medio del inconformismo y la incertidumbre de las familias afectadas.