La minería ilegal se consolidó en 2025 como una de las mayores tragedias del Tolima, especialmente en el sur del departamento, donde derrumbes en minas clandestinas dejaron al menos seis personas muertas y decenas de heridos, además de una estela de violencia, miedo y deterioro ambiental.

El caso más grave ocurrió en la mina ilegal Las Cruces, ubicada en el sector Mesa de Pole, zona rural de Ataco, donde en la madrugada del 15 de noviembre un derrumbe sepultó a varios trabajadores y dejó un saldo de cinco personas fallecidas y dos heridas. Según las autoridades, el colapso se produjo durante labores con maquinaria pesada en una explotación presuntamente ilegal.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, confirmó que el accidente estuvo relacionado con el mal uso de una retroexcavadora en actividades de minería ilegal. “La minería ilegal lo único que trae es destrucción y muerte”, afirmó la mandataria, quien expresó su solidaridad con las familias afectadas y reiteró el llamado a la comunidad para abandonar estas prácticas.

Esta tragedia no fue un hecho aislado. En septiembre, en la vereda Anape, sector La Granja, también en Ataco, un derrumbe en una mina artesanal dejó una mujer fallecida, identificada como Flor Edith Salgado, y al menos seis personas heridas, además de decenas de mineros atrapados, lo que obligó a declarar Alerta Naranja en la red hospitalaria del departamento.

Con estos hechos, Ataco acumuló al menos seis muertes por accidentes mineros en 2025, cifra que evidenció la dimensión del problema. Habitantes del municipio denunciaron que las tragedias eran “previsibles” por la persistencia de explotaciones clandestinas, muchas de ellas conocidas desde hace tiempo.

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Minería ilegal y grupos armados

Las autoridades ambientales y de seguridad advirtieron que la minería ilegal en el sur del Tolima no solo genera tragedias humanas, sino que además se ha convertido en fuente de financiación de grupos armados ilegales. La directora de Cortolima, Olga Lucía Alfonso, confirmó que mineros ilegales han invadido predios con títulos legales en municipios como Ataco, Planadas, Chaparral y Rioblanco.

Según la funcionaria, los daños ambientales son “enormes e irreparables”, con afectaciones directas a la fauna, la flora y los afluentes del río Saldaña, además de riesgos para la salud de las comunidades. Cortolima también denunció amenazas contra sus funcionarios durante operativos de control.

En uno de los golpes más contundentes del año, la Policía Nacional destruyó en Ataco maquinaria avaluada en más de $2.000 millones, utilizada por estructuras armadas ilegales para extraer oro y obtener ganancias superiores a $1.000 millones mensuales.

Las tragedias mineras de 2025 reabrieron el debate sobre la falta de control estatal, la presión social y la influencia de actores armados, dejando al descubierto una problemática que, para muchos, se convirtió en la herida social más profunda del año en el Tolima.