El decreto 1474 de 2025, que adopta medidas tributarias para el 2026 en el marco de la Emergencia Económica, propone para el caso de las compañías de seguros y de reaseguros incrementar el impuesto de renta hasta el 50 %, lo que significa un impacto desproporcionado para la actividad aseguradora.

El sector asegurador, desde hace varios años asume una carga tributaria superior a la de otras industrias, sin que exista una justificación sólida desde el punto de vista técnico o de política pública.

“Una sobretasa de esas dimensiones es desmedida, más aún si se tiene en cuenta que ya hoy el sector está gravado con una sobretasa del 5 % sobre la tarifa básica del 35 %, de por sí supremamente alta en términos de la buena práctica internacional. Y, de hecho, la tasa efectiva de tributación en renta de las compañías de seguros generales es muy cercana a la tasa nominal, rondando el 39.2%.” expresó Gustavo Morales, presidente de Fasecolda.

Recordemos que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, la tasa corporativa general del impuesto de renta del 35 % es ya excesivamente alta.

Las utilidades sobre primas emitidas en los últimos cinco años han estado en promedio en el 5.6 %, cifra que no constituye una rentabilidad exorbitante que amerite un trato discriminatorio. Las sobretasas tributarias sectoriales no son una buena política pública, a menos que exista un objetivo de desestimulo a industrias o sectores que se consideran socialmente nocivos.

No es ese el caso de la industria aseguradora, el propio Plan de Desarrollo del Gobierno del presidente Petro quiso promover los seguros como instrumento de apoyo a los actores de la economía popular y estimular la protección de nuevas capas sociales a través de los seguros paramétricos.

También quiso promover una mayor participación del sector asegurador en el nuevo régimen de protección a la vejez. Hay evidencia abundante del rol positivo que el propio Gobierno le reconoce al sector asegurador, lo que lo hace poco propicio a ser gravado con sobretasas tributarias injustificadas.

El sector no pide un tratamiento tributario privilegiado o preferencial. Pide un tratamiento equitativo. Nuestro compromiso con la economía popular, con la mitigación o adaptación ante el cambio climático, con la protección a la vejez, con las pequeñas y medianas empresas, con la prevención de riesgos catastróficos, con la reactivación del sector agrícola, entre otras, no nace de una visión transaccional, sino que obedece a profundas convicciones sociales y empresariales.

Ese compromiso continuará sea cual sea el contexto regulatorio o tributario. Pero una tarifa del 50 % a un sector cuyo papel nunca se ha circunscrito a una mera intermediación financiera, hará más difícil el camino hacia una mayor protección de las capas más vulnerables de la población.