Hace dos meses, las autoridades revelaron la existencia de un presunto plan criminal de estructuras armadas residuales para atentar contra la vida de la gobernadora del Tolima, un hecho que sacudió al departamento y marcó uno de los momentos judiciales más delicados del año.

De acuerdo con información oficial, detrás de las amenazas estaría el frente residual ‘Joaquín González’, comandado por alias ‘Calarcá’. La planeación del posible atentado habría sido coordinada por alias ‘Arley’ o ‘El Paisa’, señalado como segundo cabecilla y jefe de finanzas de esta estructura armada ilegal.

La Sexta Brigada del Ejército Nacional confirmó que la participación de este disidente es materia de investigación de la Fiscalía y los organismos de inteligencia. Tras su captura en zona rural de Roncesvalles, el grupo habría sufrido un fuerte golpe a su capacidad operativa y financiera.

Según las autoridades, alias ‘Arley’ recaudaba cerca de 800 millones de pesos mensuales, producto de extorsiones a campesinos, caficultores, comerciantes y transportadores, recursos que eran enviados en gran parte al Meta para el fortalecimiento del grupo armado, incluyendo compra de armas y reclutamiento ilegal.

La gobernadora Adriana Magali Matiz se pronunció en su momento sobre las amenazas y aseguró que no serán subestimadas, pero reiteró que no se puede gobernar con miedo. Atribuyó los señalamientos a los golpes propinados durante el año por la Fuerza Pública, que incluyeron capturas, incautaciones y neutralización de cabecillas.

Actualmente, en el Tolima operan varias estructuras armadas residuales en municipios del centro, sur y oriente del departamento, situación que mantiene activados los dispositivos de seguridad para proteger a la institucionalidad y garantizar el orden público.