Felipe Miguel Rocha Medina, creador del modelo fraudulento conocido como la pirámide ganadera, fue condenado a 6 años y 2 meses de prisión por un juez de conocimiento de Bogotá, tras aceptar su responsabilidad por los delitos de captación masiva y habitual de dinero y estafa agravada en modalidad masa. 

Ecos del Combeima conoció que el juez avaló un preacuerdo entre Rocha y la Fiscalía, luego de que este aceptara haber engañado a decenas de inversionistas, muchos de ellos ganaderos del Tolima y de la élite bogotana, a quienes ofrecía atractivas rentabilidades por supuestas inversiones en ganado que nunca existió.

El fraude superó los 36.000 millones de pesos y dejó a su paso múltiples víctimas, entre ellas empresarios y familias tradicionales del sector ganadero. De ese monto, se ha logrado recuperar cerca de 18.000 millones, mientras que los otros 16.000 millones estarían respaldados en un inmueble que quedó bajo custodia de la interventoría. El juez consideró que la reparación parcial alcanzada hasta ahora era significativa, y por ello avaló el acuerdo.

Rocha fue capturado en marzo de 2024, y desde entonces permanece privado de la libertad en la Cárcel Distrital de Bogotá. El próximo 15 de agosto se definirá si puede acceder al beneficio de prisión domiciliaria, decisión que mantiene a las víctimas en expectativa.

Mientras algunos abogados que representan a las personas estafadas, como Juan Felipe Criollo y Fabio Humar, aseguran que este modelo de justicia premial permite avanzar hacia una reparación real de los afectados, otros como Jacques Simhon, defensor de 18 víctimas, consideran que la pena es irrisoria frente a la magnitud del daño causado y que no se ha garantizado una reparación integral.

En medio del proceso judicial quedó claro que el negocio de las llamadas “vacas fantasma” se extendió por más de una década, y que muchos de los afectados son ganaderos del Tolima que, confiando en el nombre de Rocha, invirtieron sus ahorros en un modelo que terminó siendo un esquema piramidal. 

Aunque se ha avanzado en la recuperación de parte del dinero, persiste el debate jurídico y ético sobre si la justicia ha sido proporcional al engaño masivo que afectó a una parte importante del sector agropecuario del país.