Una queja formal ha sido elevada ante la Personería Municipal de Ibagué por una vocera de la comunidad animalista, quien advierte sobre el presunto funcionamiento de un “cartel animalista” en la ciudad. Según expone, este actuaría dentro de hogares de paso y fundaciones, generando preocupación entre los sectores que defienden los derechos de los animales tanto en el Tolima como a nivel nacional.

De acuerdo con la denuncia, estas personas se presentarían en redes sociales como refugios de animales sin cumplir con los requisitos legales establecidos por los Decretos 2257 y 780, ni contar con los permisos de salubridad ni con las condiciones necesarias para el cuidado adecuado de los animales. Esto, según la denunciante, estaría provocando una falsa percepción ante la ciudadanía, que de manera solidaria apadrina casos sin conocer la legalidad o transparencia de quienes los gestionan.

La vocera sostiene que, presuntamente, estas personas solicitan servicios gratuitos de los programas públicos de protección y bienestar animal, y posteriormente cobran a terceros por dichos procedimientos como si se hubieran realizado en clínicas veterinarias particulares. Además, señala que quienes intentan cuestionar estas acciones serían objeto de hostigamientos y burlas a través de redes sociales.

Entre los señalados se menciona a dos personas: Luz D., quien actualmente se desempeña como veedora animalista en Ibagué, y Miguel M. También se advierte que algunos integrantes de esta presunta red tendrían antecedentes y habrían sido objeto de incautaciones de animales en el pasado.

Ante esta situación, se ha solicitado a la Personería una investigación objetiva sobre las actuaciones de la señora Osorio, evaluando si cumple con los requisitos éticos, técnicos y sociales que demanda el rol de veedora ciudadana. De encontrarse mérito, se pide revocar o suspender su designación mientras se desarrollan las indagaciones correspondientes.

La denuncia también propone la creación de un comité plural e independiente que represente a diversos sectores de la comunidad animalista, con el fin de restablecer la confianza en los mecanismos de control ciudadano. Asimismo, se exhorta a la veeduría 372, de la cual hace parte la señora Osorio, a rendir informes públicos periódicos, conforme a la resolución que le dio origen.

La queja fue formalmente radicada ante la Personería Municipal, entidad que deberá determinar si hay lugar a una actuación administrativa o disciplinaria en el marco de sus competencias.