Una tensa jornada se vivió frente a las instalaciones de la empresa de seguridad Sara Limitada, cuando un grupo de vigilantes decidió manifestarse pacíficamente para exigir el pago de varios meses de salario que les adeuda la compañía. La protesta, según los trabajadores, fue motivada por la desesperación ante una crítica situación económica.

La respuesta de la empresa sorprendió a los manifestantes: al lugar llegó un grupo de policías, presuntamente convocados por los administradores de la compañía, con el fin de disuadir la protesta. En videos grabados por los propios trabajadores se observa a los uniformados solicitándoles que se retiren del lugar, pese a que no se registraban alteraciones del orden.

Los vigilantes denunciaron que, además de no recibir sus pagos, la empresa no ha dado explicaciones claras ni soluciones, y aseguran sentirse abandonados tanto por la compañía como por las autoridades.

"No nos han pagado y ahora nos mandan la policía como si fuéramos delincuentes", dijo uno de los manifestantes.

La empresa Sara Limitada estaría además en el ojo de las autoridades por presuntas irregularidades en su operación. Según información preliminar, la firma estaría siendo investigada por operar sin los permisos requeridos para la comercialización de armas, una situación que podría comprometer seriamente su funcionamiento legal.

El uso de la fuerza pública para contener una manifestación laboral sin incidentes ha sido cuestionado por organizaciones laborales y defensores de derechos humanos, quienes consideran que este tipo de respuestas vulneran el derecho a la protesta pacífica, especialmente en contextos de crisis laboral.

Hasta el momento, la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los señalamientos por sueldos atrasados ni sobre las investigaciones que, según se ha conocido, están en curso. Los trabajadores piden la intervención del Ministerio de Trabajo y de los entes de control para proteger sus derechos y esclarecer la situación de la compañía.