La denuncia del concejal Camilo Acevedo apunta a la gestión de la gerente interventora Edilma Isabel Hurtado y plantea excesivo el número de contratos y el dinero que representa, las acusaciones serán llevadas ante la Superintendencia Nacional de Salud, que tendrá la última palabra frente a la continuidad de la funcionaria.

Lo que debía ser una intervención encaminada a recuperar el rumbo financiero y administrativo de la Unidad de Salud de Ibagué, USI, terminó convertido en un nuevo foco de cuestionamientos políticos y administrativos. El concejal Camilo Acevedo lanzó una fuerte denuncia sobre el volumen de contratación realizado durante los primeros ocho meses de intervención y pidió que la Superintendencia Nacional de Salud evalúe la continuidad de la gerente Edilma Isabel Hurtado. 

En cifras

Según las cifras expuestas por el cabildante, entre el 9 de diciembre de 2025, cuando comenzó la intervención, y el 31 de agosto de 2026, la USI habría celebrado 804 contratos por $23.547.294.923. Para Acevedo, este comportamiento evidencia lo que calificó como un “festín de contratos” y constituye una señal de alarma que debe ser revisada por los organismos de control.

La cifra, por sí sola, abre una discusión que va más allá del número de contratos. La pregunta de fondo es si el millonario volumen de recursos comprometidos durante una intervención está respondiendo a las necesidades reales de la red pública de salud de Ibagué y, especialmente, si está generando mejores servicios para los usuarios.

Contratos, personal y equipos básicos, bajo la lupa

Entre los casos señalados por el concejal aparece un contrato de transporte destinado a los equipos básicos de salud por $292 millones, inicialmente establecido por un periodo de tres meses y posteriormente prorrogado. Acevedo también cuestionó varias órdenes de prestación de servicios y convenios relacionados con la toma de muestras, sobre los cuales pidió que se determine si cumplieron las reglas y necesidades de la entidad.

Otro de los señalamientos tiene que ver con la composición del personal vinculado a los equipos básicos de salud. De acuerdo con el concejal, buena parte de los contratistas correspondería a perfiles administrativos y no a profesionales directamente relacionados con la atención misional.

Este punto resulta especialmente sensible para una entidad de salud intervenida, porque el ciudadano termina siendo quien debe comprobar si los recursos contratados se traducen en médicos, enfermeros, atención oportuna, prevención y servicios de calidad, o si buena parte del esfuerzo presupuestal termina concentrado en estructuras administrativas.

Acevedo además cuestionó el componente político que, según su apreciación, ha rodeado la intervención de la USI y recordó que esta comenzó en un periodo cercano al inicio de la temporada electoral. Se trata de una afirmación del concejal que deberá ser sustentada con documentos y evidencias ante las autoridades competentes.

El caso del Materno Infantil también entra en la discusión

La controversia no se limita a la contratación. El concejal responsabilizó políticamente a la gerente por el fracaso del proyecto del Hospital Materno Infantil, iniciativa que buscaba avanzar mediante la transferencia de un predio por parte de la administración municipal.

Para Acevedo, la falta de liderazgo y claridad administrativa habría contribuido a que el proyecto no prosperara. Una acusación que también deberá ser contrastada con los documentos, decisiones y actuaciones de las diferentes entidades involucradas.

Por ahora, la denuncia está planteada desde el Concejo de Ibagué. No corresponde asumir como hechos probados los señalamientos del cabildante, pero sí resulta necesario que las cifras y actuaciones denunciadas sean revisadas públicamente, especialmente cuando se habla de más de $23.500 millones comprometidos en 804 contratos durante una intervención.
 

Informe detallado ante la Superintendencia Nacional de Salud

Acevedo anunció que llevará ante entidad un informe que deberá establecer si existen irregularidades y, de ser necesario, adoptar las medidas correspondientes. La intervención fue inicialmente establecida por un año, por lo que la discusión queda abierta: ¿los resultados justifican la continuidad de la actual administración de la USI o las cifras y cuestionamientos ameritan un cambio?

La respuesta no debería depender de cuotas políticas ni de enfrentamientos partidistas. Debería estar en los resultados que reciben los usuarios de la salud pública de Ibagué y en la transparencia con la que se manejan sus recursos.