La crucial cita de Johana Aranda con la justicia el 24 de agosto
La iniciativa ciudadana que busca revocar el mandato de la alcaldesa de Ibagué, Johana Ximena Aranda Rivera, entra en una etapa determinante con la audiencia pública virtual convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para este lunes 24 de agosto.
El proceso es promovido por un grupo de ciudadanos que cuestiona diferentes aspectos de la gestión de la Administración Municipal. Según sus impulsores, la iniciativa busca poner sobre la mesa las principales problemáticas de la ciudad y revisar el cumplimiento del Plan de Desarrollo.
Luis Gonzalo Duarte, director de la Fundación Colombia Los Derechos Humanos y vocero del proceso, aseguró durante una entrevista con Econoticias que detrás de la iniciativa no existe un partido político ni un “padrino” electoral.
Según Duarte, el comité está integrado por ciudadanos y líderes sociales de diferentes sectores que, desde febrero, vienen documentando inconformidades relacionadas con educación, servicios públicos, movilidad, seguridad, salud y participación comunitaria.
La audiencia del 24 de agosto será uno de los momentos más importantes del procedimiento, pues permitirá escuchar las posiciones de las partes y conocer los argumentos relacionados con la iniciativa ciudadana. A partir de allí, el proceso deberá continuar con las diferentes etapas y requisitos establecidos por la legislación colombiana.
Entre los argumentos expuestos por los promotores aparecen cuestionamientos sobre la prestación del servicio de agua potable, desempleo, pobreza e inversión social. También se mencionan problemas relacionados con el estado de la malla vial, la red semafórica, las carreteras rurales y la seguridad.
El documento presentado por el comité incluye además reparos frente a la prestación de los servicios de salud, especialmente en sectores rurales, así como asuntos relacionados con salubridad, espacio público, oportunidades laborales, educación inclusiva, atención a población con discapacidad y violencia de género.
Los promotores también cuestionan aspectos relacionados con la ejecución de contratos, el mantenimiento de obras artísticas, las plazas de mercado y las inversiones en infraestructura para la ciudad.
Duarte sostuvo que uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con el cumplimiento del Plan de Desarrollo y aseguró que persisten necesidades en instituciones educativas en materia de infraestructura, vigilancia, aseo, docentes, laboratorios y otros elementos necesarios para su funcionamiento.
En materia de servicios públicos, el vocero también se refirió a problemas de agua potable y alcantarillado, mientras que en movilidad señaló dificultades relacionadas con la infraestructura vial y el funcionamiento de algunos semáforos.
La seguridad es otro de los temas incluidos en los argumentos del comité. Duarte cuestionó las condiciones de seguridad de diferentes sectores y la relación entre las autoridades y algunas comunidades.
Precisamente, el vocero aseguró que uno de los reclamos está relacionado con la falta de diálogo con determinados sectores sociales. Según explicó, anteriormente se realizaban encuentros periódicos con líderes y juntas de acción comunal para conocer directamente las necesidades de barrios y comunas.
El proceso, además, ha tenido dificultades durante su trámite inicial. Duarte aseguró que el comité tuvo que presentar derechos de petición y posteriormente acudir a una acción de tutela para obtener respuestas relacionadas con el procedimiento ante las autoridades electorales.
Sin embargo, el vocero reconoció que la audiencia del 24 de agosto no significa que la alcaldesa vaya a ser retirada del cargo. Se trata de una etapa dentro de un procedimiento que todavía tendría que superar diferentes requisitos.
En caso de que la iniciativa avance, los promotores deberán cumplir con la etapa de recolección de firmas y posteriormente superar los procesos de revisión y validación de los apoyos ciudadanos antes de que pueda llegar a una eventual votación.
La legislación colombiana establece que la revocatoria del mandato es un mecanismo de participación ciudadana mediante el cual los electores pueden buscar la terminación anticipada del período de un alcalde o gobernador. No obstante, la inscripción de una iniciativa o la realización de una audiencia no implica, por sí sola, la salida del mandatario.
Duarte insistió en que el objetivo del comité, según su versión, es que la discusión se concentre en la gestión administrativa y no en aspectos personales o partidistas. “Aquí no hay padrino político”, afirmó durante la entrevista.
Ahora, la atención estará puesta en la audiencia pública del próximo 24 de agosto, escenario en el que se conocerán los argumentos de las partes y que podría marcar el rumbo de una iniciativa que ya genera debate político y ciudadano en Ibagué.
