¿Por qué la Administración Hurtado y Aranda no han socializado el estudio de microzonificación sísmica de Ibagué?
El terremoto que sacudió al país volvió a poner sobre la mesa una discusión que en Ibagué no debería ser nueva: qué tan preparada está la ciudad para enfrentar un sismo de gran magnitud y, sobre todo, si las reglas con las que se están construyendo nuevas edificaciones corresponden realmente al riesgo del territorio.
La pregunta no surge únicamente por el movimiento telúrico. Hay estudios realizados desde hace años que han advertido sobre las condiciones geológicas de Ibagué y la necesidad de conocer con mayor precisión cómo respondería cada zona de la ciudad ante un evento sísmico.
Uno de ellos es el estudio de microzonificación sísmica realizado por la Universidad de los Andes, cuyo proceso de actualización comenzó en 2019 y cuyos resultados fueron entregados en 2020. El documento debía convertirse en una herramienta para determinar, con mayor precisión, las condiciones del suelo y los parámetros que deben tenerse en cuenta al momento de construir.
¿Qué pasó con ese estudio?
Ibagué cuenta desde hace años con instrumentos de microzonificación sísmica. El Decreto 11-0987 de 2007 adoptó formalmente el régimen de Microzonificación Sísmica para el municipio, estableciendo parámetros específicos para determinar cómo debían diseñarse las edificaciones dependiendo de las características del terreno.
Posteriormente, mediante el Decreto 1000-0346 de 2013, se adoptaron reglas relacionadas con la microzonificación sísmica de la ciudad.
En términos sencillos, la lógica de estos instrumentos es clara: no todos los terrenos se comportan igual durante un terremoto.
Por eso, una edificación ubicada sobre determinado tipo de suelo puede requerir condiciones diferentes a otra construida en una zona con características geológicas distintas.
El propio régimen establecía parámetros para el diseño de edificaciones y contemplaba condiciones especiales para terrenos como laderas y rellenos artificiales.
Es decir, Ibagué no partía de cero, ya existía una herramienta normativa. Lo que faltaba era mantenerla actualizada frente al conocimiento científico que posteriormente se produjo. En este caso, el estudio de la Universidad de los Andes.
En 2019, durante la Administración de Guillermo Alfonso Jaramillo, se adelantó el proceso para actualizar la información existente sobre la amenaza sísmica de Ibagué. El trabajo fue desarrollado por la Universidad de los Andes y sus resultados fueron entregados en 2020, durante la Administración de Andrés Fabián Hurtado.
El abogado Wilson Leal Echeverry, quien durante años ha seguido jurídicamente este tema, sostiene que el estudio debía ser incorporado mediante un instrumento que hiciera obligatorios sus resultados.
Según Leal, el problema no es que la ciudad carezca de estudios, sino que estos no han terminado convirtiéndose en decisiones administrativas que modifiquen las condiciones bajo las cuales se construye.
Y aquí aparece uno de los puntos más delicados. Se realizó la investigación y hubo un proceso de socialización. Pero, según lo expuesto por Leal, no terminó materializándose en un decreto que actualizara las determinantes de amenaza sísmica de la ciudad.
¿Por qué no se convirtió en decreto?
Esta es probablemente la pregunta más importante y preocupante. Si una actualización técnica podía modificar la manera en que se evalúa el riesgo sísmico de Ibagué y eventualmente endurecer las condiciones de construcción, ¿por qué no se adoptó formalmente?
Si el estudio establece que Ibagué enfrenta una amenaza sísmica mayor a la que actualmente contempla la normativa, las construcciones tendrían que cumplir exigencias más estrictas de resistencia. Esto implicaría mayores costos para los proyectos inmobiliarios, pero también mayores condiciones de seguridad para quienes los habiten.
🗣“La alcaldesa Aranda no recibió ese producto”: Humberto Leal sobre estudio engavetado del riesgo de #Ibagué denunciado por Wilson Leal pic.twitter.com/Gj9s2daQzz
— Ecos del Combeima (@EcosdelCombeima) August 12, 2026
El propio secretario encargado de Ambiente y Gestión del Riesgo, Humberto Leal, reconoció que, dependiendo de lo que determine técnicamente el documento, una eventual aplicación de condiciones más exigentes podría incrementar los costos de construcción.
El ingeniero Fernando Sánchez, presidente de la Sociedad Tolimense de Ingenieros, también señaló que elevar las exigencias de resistencia sísmica implicaría mayores costos, aunque defendió que el objetivo principal debe ser proteger la vida.
Aquí aparece un dilema que las administraciones municipales no pueden esquivar:
¿Es preferible asumir el costo de construir con mayores estándares de seguridad o mantener condiciones menos exigentes para evitar encarecer el desarrollo inmobiliario? La respuesta debería ser evidente.
La Falla de Ibagué: una amenaza que los estudios ya habían advertido
La discusión adquiere mayor relevancia cuando se comparan los resultados del estudio paleosismológico con los parámetros que durante años fueron utilizados para estimar la amenaza sísmica de Ibagué.
El Mapa de Amenaza Sísmica de Colombia de 1998, elaborado por la AIS y otros investigadores, ubicaba a Ibagué en una zona de amenaza sísmica intermedia y estimaba una magnitud máxima de aproximadamente 4,3 para los sismos de la zona, a partir de registros sismológicos y del método Gutenberg-Richter.
Sin embargo, el estudio de la Falla de Ibagué llegó a un resultado considerablemente diferente. A partir de las evidencias geológicas y paleosismológicas encontradas, los investigadores estimaron que esta estructura puede generar un sismo característico de magnitud 7,0 ± 0,1, además de registrar tasas de desplazamiento de entre 0,77 y 3,8 milímetros por año y un periodo de retorno máximo cercano a 1.300 años.
La diferencia no es menor. El propio estudio advierte que estos resultados tienen fuertes implicaciones sobre la amenaza sísmica regional, porque los valores encontrados son muy superiores a los utilizados en el modelo anterior y son comparables, según los investigadores, con los de fallas consideradas rápidas y altamente peligrosas, asociadas a niveles de amenaza sísmica muy altos.
En otras palabras, el estudio plantea que la Falla de Ibagué tiene un potencial sísmico muy superior al que reflejaba el mapa de amenaza utilizado como referencia en 1998. La evidencia geológica encontrada no permite tratar el riesgo como una hipótesis meramente teórica: muestra que en el pasado esta falla produjo terremotos de una magnitud considerable y que, por sus características, debe ser tenida en cuenta al evaluar nuevamente las condiciones de amenaza de Ibagué y de otras poblaciones cercanas.
Y ahí aparece la pregunta central: si desde hace años existen estudios que cuestionan la valoración de la amenaza sísmica de Ibagué y, posteriormente, la Universidad de los Andes realizó una actualización de la microzonificación, ¿por qué esos resultados no terminaron convertidos en una nueva herramienta normativa para la ciudad?
Ese es precisamente el punto que pone bajo escrutinio la actuación de las administraciones municipales: el problema no es únicamente que exista una falla geológica, sino qué hicieron las autoridades con la información científica disponible para reducir el riesgo frente a ella. Y precisamente por eso resulta difícil entender que, después de producirse una actualización técnica, la ciudad no haya terminado de convertir esa información en una herramienta normativa actualizada.
La administración actual dice que no recibió el estudio
La situación se vuelve todavía más llamativa con la respuesta de la actual Administración. El secretario encargado de Ambiente y Gestión del Riesgo, Humberto Leal, aseguró que cuando la alcaldesa Johana Aranda recibió el gobierno el estudio de microzonificación sísmica de la Universidad de los Andes no habría sido entregado durante el proceso de empalme.
Según explicó, la Administración actualmente estaría revisándolo para posteriormente remitirlo a la Secretaría de Planeación.
Es decir, el gobierno actual sostiene que está retomando un asunto que debió haber quedado documentado y en trámite desde la administración anterior.
Y ahí aparece otra pregunta: ¿Cómo puede un estudio técnico de esta importancia pasar de agache entre una administración a otra sin que exista claridad sobre su ubicación, estado, conclusiones y proceso de adopción?
No se trata simplemente de un documento archivado. Estamos hablando de información que puede incidir en la forma en que se planifica y se construye una ciudad ubicada cerca de una falla geológica activa. Un estudio que podría salvar vidas.
La responsabilidad no puede quedarse en el archivo
Wilson Leal ha sido particularmente crítico con esta situación. El abogado sostiene que durante años ha acudido incluso a escenarios judiciales para exigir medidas relacionadas con gestión del riesgo y preparación de la infraestructura esencial de la ciudad.
Su cuestionamiento apunta a algo más profundo: las autoridades no pueden limitarse a conocer los estudios si posteriormente no toman decisiones con base en ellos. Y ese es precisamente el punto que hoy vuelve a cobrar relevancia. Porque una investigación científica no reduce por sí sola el riesgo. Un documento engavetado tampoco.
El conocimiento solamente se convierte en prevención cuando termina traducido en normas, controles, diseños, licencias, infraestructura y decisiones de planeación.
¿Y qué pasa mientras tanto con las nuevas construcciones? Este es quizá el aspecto que más preocupa. Mientras no exista una actualización normativa que adopte oficialmente los resultados del nuevo estudio, las edificaciones continúan sometidas a las reglas que actualmente están vigentes.
Fernando Sánchez, presidente de la Sociedad Tolimense de Ingenieros, sostuvo que los constructores de Ibagué, en términos generales, cumplen con las normas vigentes, pero lanzó una crítica sobre el control urbano y la capacidad institucional para verificar que las obras efectivamente cumplan las condiciones técnicas exigidas.
Por eso, la discusión no debería reducirse a señalar a los constructores.
También hay que preguntarse:
¿Quién vigila?, ¿Quién verifica?, ¿Quién actualiza las normas?, ¿Quién determina si un estudio científico debe convertirse en una obligación?, ¿Y quién responde cuando una información técnica permanece durante años sin convertirse en una decisión administrativa?
Una ciudad que vuelve a acordarse del riesgo después de un terremoto
El sismo reciente dejó afectaciones, aunque hasta ahora las autoridades han reportado que no hubo víctimas mortales en Ibagué.
Pero también dejó algo más difícil de medir: la oportunidad de volver a discutir un riesgo que no desaparece cuando termina el movimiento de la tierra.
La Falla de Ibagué seguirá entre nosotros, los estudios científicos seguirán existiendo. Y las edificaciones seguirán creciendo.
Lo que sí puede cambiar es la capacidad de las autoridades para anticiparse. Por eso, más que preguntarnos únicamente qué tan fuerte fue el último terremoto, la discusión debería ser otra:
¿Qué ha hecho Ibagué durante los últimos años con la información científica que ya tenía sobre su propio territorio?
Porque si desde 2008 existen advertencias sobre la Falla de Ibagué, si desde 2007 existe una normativa de microzonificación, si en 2019 se contrató una nueva actualización y en 2020 la Universidad de los Andes entregó sus resultados, lo que hoy necesita explicación no es solamente el riesgo geológico: es la demora institucional para convertir ese conocimiento en decisiones.
Y esa explicación tendrá que pasar ahora por la Secretaría de Planeación.
Allí estará una de las respuestas más importantes para entender por qué casi seis años después de terminado el estudio, Ibagué todavía no sabe si sus conclusiones terminarán convertidas en una nueva regla para construir la ciudad.
