Supersalud pone la lupa en jugoso contrato para remodelación de puestos de salud en Ibagué
La Superintendencia Nacional de Salud mantiene bajo revisión un paquete de millonarios contratos para la adecuación de puestos y centros de salud en Ibagué, adjudicados semanas antes de la intervención de la Unidad de Salud de Ibagué (USI), entidad que estaba en manos de la alcaldesa Johana Aranda.
Se trata de cuatro contratos de obra, dentro del proceso contractual de mayor, por un valor que supera los $3.500 millones.
Los contratos fueron firmados durante la gerencia de la USI que estaba bajo la administración de la alcaldesa Johana Aranda y tenían como objetivo ejecutar adecuaciones menores en más de 15 puestos y unidades de salud urbanas y rurales del municipio.
Los contratos fueron distribuidos en cuatro grupos y adjudicados a diferentes firmas y consorcios: Grupo AB S.A.S., la Unión Temporal USI 2025, el Consorcio Arenas 1 y Views Proyectos Integrales S.A.S., con valores individuales que oscilan entre los $852 millones y los $909 millones.
Todos los contratos establecían como plazo máximo de ejecución el 31 de diciembre de 2025, es decir, menos de dos meses después de su firma.
Sin embargo, tras la intervención ordenada por la Supersalud el 9 de diciembre de 2025, la agente especial interventora suspendió la ejecución de los cuatro contratos el 26 de diciembre del mismo año.
Posteriormente, mediante actas firmadas el 13 de enero de 2026, se prorrogó la suspensión por 21 días calendario, hasta el 3 de febrero de 2026.
De acuerdo con los documentos oficiales, la suspensión y su prórroga obedecen a la necesidad de adelantar una revisión integral de carácter técnico, jurídico, administrativo y financiero de los contratos de obra y de interventoría en ejecución.
La Supersalud busca verificar la adecuada estructuración contractual, el cumplimiento de los principios de planeación, responsabilidad y control del gasto público, así como la protección del patrimonio estatal.
Los recursos para estas adecuaciones provienen, en parte, de una asignación realizada por el Ministerio de Salud de Guillermo Alfonso Jaramillo que destinó fondos para infraestructura en salud, los cuales fueron incorporados al presupuesto de la USI.
Las obras contemplaban intervenciones en cubiertas, redes hidrosanitarias, pisos, muros, cielorrasos, baños, carpintería y acabados, ante el deterioro significativo de varios centros asistenciales, situación que —según los estudios previos— venía afectando la prestación segura y oportuna del servicio.
Por ahora, el futuro de este “jugoso” contrato dependerá de las conclusiones que emita la Supersalud una vez finalice la revisión integral.
