Ante el creciente inconformismo ciudadano por el aumento en la tarifa del transporte público, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, estaría evaluando la posibilidad de reducir el incremento aplicado recientemente al pasaje de busetas, con el fin de evitar una nueva crisis de movilidad en la capital tolimense.

El ajuste, que fue del 13,8 %, equivalente a $400, generó fuertes cuestionamientos por parte de veedores, colectivos ciudadanos y organizaciones sindicales, quienes han advertido que la medida impacta de manera directa a trabajadores, estudiantes y usuarios frecuentes del sistema, en un contexto marcado por reclamos sobre el estado de la flota y las condiciones del servicio.

De acuerdo con la información conocida, la mandataria no estaría actuando por presiones de voceros transportadores, sino por la preocupación de que la ciudad pueda entrar en un escenario de caos vial y social, ante el anuncio de posibles movilizaciones en rechazo al alza tarifaria.

En ese mismo contexto, la alcaldesa habría manifestado su inconformidad con la gestión del secretario de Movilidad, Ricardo Fabián Rodríguez, particularmente por la forma en que se adelantaron las negociaciones con las empresas transportadoras y el manejo del descontento ciudadano tras el anuncio del incremento.

Finalmente, la mandataria evalúa en qué proporción podría ajustarse el incremento, con escenarios que contemplan una reducción de $200 o $300 sobre el alza anunciada. 

La definición se daría en las próximas horas, mientras persiste la expectativa frente a las decisiones que se adopten desde la Secretaría de Movilidad y el futuro tambaleante del actual jefe de esa cartera dentro del gabinete.