La posible reducción del 50 % en la ayuda económica no militar de Estados Unidos a Colombia, de más de 400 a 208 millones de dólares, no obedece únicamente a criterios técnicos. Es una señal política de preocupación por parte del Congreso de Estados Unidos frente al aumento de la violencia, el retroceso en la lucha contra el narcotráfico y los cuestionamientos al respeto por el Estado de Derecho.”

Así lo expresó la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, quien señaló que está en riesgo una relación económica y diplomática de casi 200 años.

Esta disminución afectaría directamente la asistencia para el desarrollo, que ha respaldado programas como el fortalecimiento de la justicia local en zonas rurales, iniciativas productivas en territorios afectados por el conflicto, y proyectos de gobernanza participativa, claves para la consolidación de la paz. También impactaría el Fondo de Apoyo Económico, que ha sido esencial para promover oportunidades educativas, atención a poblaciones vulnerables y dinamización económica en regiones históricamente marginadas.

Esto pone en riesgo la continuidad de cada uno de estos programas que han sido esenciales en el desarrollo rural, justicia y fortalecimiento institucional. Pero también se debe resaltar que más allá del impacto presupuestal, este gesto evidencia un deterioro de una relación bilateral que, durante décadas, ha contado con un respaldo bipartidista sólido en el Congreso de Estados Unidos. 

Colombia no puede ignorar esta señal. Recuperar la confianza internacional exige responsabilidad, seguridad jurídica y un compromiso inequívoco con los principios democráticos que han guiado nuestra alianza histórica.