Tras la denuncia de la docente Diana Milena Díaz López, quien solicita su traslado de Bogotá a Ibagué por sus condiciones de salud y las necesidades de cuidado de su hijo menor de edad, la Secretaría de Educación Municipal entregó una respuesta en la que reconoce la complejidad de su situación, pero explica por qué todavía no ha podido hacer efectivo el movimiento laboral.

En un pronunciamiento enviado al Juzgado 109 Penal Municipal de Bogotá, dentro del trámite relacionado con el cumplimiento de una tutela, la Secretaría señaló que conoce las circunstancias médicas de la profesora, quien presenta diagnósticos de trastorno depresivo recurrente, síndrome de cuidador quemado y ansiedad y depresión. También reconoció la situación de su hijo, diagnosticado con déficit cognitivo moderado y trastorno del espectro autista.

La entidad recordó que desde el 20 de febrero de 2026 la docente fue incluida en un listado de casos priorizados para traslado, luego de verificar que no existían vacantes disponibles en Ciencias Naturales y Educación Ambiental que permitieran atender de manera inmediata su solicitud. Según explicó, esa priorización busca que su caso reciba atención preferente cuando se genere una plaza que reúna las condiciones necesarias.

Las vacantes y las razones que impiden el traslado inmediato

Uno de los argumentos centrales de la Secretaría es que las vacantes definitivas no necesariamente están disponibles para ser asignadas de manera inmediata. Explicó que 21 cargos de Ciencias Naturales y Educación Ambiental fueron reportados ante la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para su provisión mediante concurso de méritos.

Además, indicó que otros cargos hacen parte del proceso ordinario de traslados convocado para la vigencia 2026-2027 y que algunos, aunque aparecen como vacantes definitivas, están ocupados transitoriamente por docentes nombrados en provisionalidad.

Frente a este último punto, la Secretaría sostuvo que no puede terminar esos nombramientos únicamente para generar una plaza destinada a la solicitud de Diana Milena Díaz. Argumentó que cualquier retiro debe estar respaldado por una causal legal y respetar los procedimientos correspondientes.

La entidad también mencionó que debe atender las necesidades de las instituciones educativas, la distribución de docentes, las cargas académicas y otras órdenes judiciales relacionadas con traslados de profesores.

La Secretaría de Educación de  Bogotá también debe intervenir

Otro aspecto señalado en la respuesta es que el traslado debe contar con la participación de la Secretaría de Educación de Bogotá, debido a que Diana Milena Díaz pertenece a la planta docente de esa entidad y se trataría de un movimiento entre dos territorios certificados en educación.

Sobre este asunto, la Secretaría de Educación Ibagué reconoció que, a la fecha de su pronunciamiento, no contaba con soportes documentales de una actuación formal de coordinación interinstitucional con Bogotá posterior al fallo de segunda instancia. No obstante, manifestó su disposición de adelantar esa articulación y pidió al juzgado un plazo razonable para acreditarla.

La dependencia también recordó que el fallo judicial del 30 de enero de 2026 amparó los derechos fundamentales a la salud y a la unidad familiar de la docente y ordenó resolver de manera integral y fundamentada su solicitud, teniendo en cuenta las condiciones médicas y familiares expuestas.

Por ahora, Diana Milena Díaz continúa a la espera de que se concrete una alternativa que permita su traslado a Ibagué. La Secretaría insiste en que su caso está priorizado, pero sostiene que la disponibilidad de una plaza y el cumplimiento de los procedimientos administrativos y legales son condiciones necesarias para materializarlo.

La respuesta fue presentada por la entidad en el marco del requerimiento previo a una eventual apertura formal de un incidente de desacato, trámite en el que pidió al juzgado valorar las actuaciones adelantadas y abstenerse de declarar incumplida la orden judicial por parte de sus funcionarios.