La reestructuración administrativa propuesta por la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, y aprobada en primer debate por unanimidad en el Concejo Municipal, abrió un nuevo debate sobre las prioridades de la Administración y la necesidad de ajustar la estructura institucional a las principales problemáticas de la ciudad.

El abogado, académico y jurista ibaguereño Juan Pablo Estrada, experto en contratación estatal, derecho público y arbitraje, aseguró que presume la buena fe de la mandataria y reconoció que podría existir una intención de dejar un legado administrativo. Sin embargo, consideró que el proyecto llega tarde y cuestionó que algunas de las nuevas dependencias puedan terminar convirtiéndose en más burocracia, especialmente cuando el país entra en un año previo a las elecciones territoriales.

Uno de los principales cuestionamientos de Estrada está relacionado con la ausencia de una Secretaría de Seguridad. Según el jurista, resulta desconcertante que una reforma de esta magnitud no contemple una dependencia dedicada exclusivamente a una de las principales preocupaciones de los ibaguereños. Para Estrada, la inseguridad y los problemas de orden público requieren una atención institucional seria y permanente por parte de la Administración Municipal.

El abogado también puso sobre la mesa la creación de una dependencia enfocada en las mujeres. Aunque reconoció la importancia de atender las problemáticas de una población históricamente discriminada, advirtió que la propuesta podría tener un componente oportunista o populista en términos electorales, al tratarse de una administración encabezada por una mujer y en un escenario político que comienza a calentarse. En su concepto, el Concejo todavía tendría la oportunidad de modificar el proyecto para evitar que la reforma termine siendo simplemente una herramienta para ampliar la burocracia.

Finalmente, Estrada cuestionó que la reestructuración tampoco priorice de manera suficiente la crisis de movilidad de Ibagué, donde, según lo expuesto, existe un déficit cercano al 50 % en agentes de tránsito. Señaló además que la Alcaldía debería concentrarse en fortalecer áreas que respondan directamente a las necesidades ciudadanas y advirtió que el verdadero reto será demostrar que los cambios administrativos se traducen en resultados. La pregunta que queda sobre la mesa es si esta reforma transformará realmente la administración de Ibagué o si terminará siendo una decisión con mayor peso político que administrativo.