La situación de Velotax volvió a escalar luego de las fuertes declaraciones realizadas por el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga, durante una sesión de la Comisión Regional de Moralización, espacio en el que expuso una serie de preocupaciones sobre la cooperativa y el proceso de intervención que actualmente adelanta la Superintendencia de Transporte.

Durante su intervención, Idárraga calificó el caso como uno de especial gravedad y aseguró que la Secretaría de Transparencia ha venido haciendo seguimiento a diferentes hechos relacionados con la empresa durante los últimos tres años.

Según el funcionario, dentro de la información conocida por la entidad existirían elementos que apuntarían a la presunta comisión de delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos. Además, afirmó que detrás del control de la cooperativa existirían “intereses muy opacos y muy peligrosos”, situación que, a su juicio, ha dificultado la actuación de las autoridades.

En el mismo encuentro participó el agente interventor designado por la Superintendencia de Transporte, Guillermo Buenaventura, quien aseguró que desde el pasado 11 de junio fue reconocido como único representante legal de la cooperativa por decisión judicial. Sin embargo, denunció que no ha podido asumir plenamente sus funciones debido a la oposición de grupos que actualmente permanecen en las instalaciones de la empresa.

Buenaventura sostuvo que los jueces de la República declararon ineficaces las asambleas mediante las cuales fueron elegidos los actuales directivos de la cooperativa, razón por la cual considera que debe darse cumplimiento a las decisiones adoptadas por las autoridades competentes.

Velotax rechaza los señalamientos

Las declaraciones del secretario de Transparencia generaron una inmediata reacción por parte de las directivas actuales de Velotax, quienes rechazaron las acusaciones y aseguraron que no existe ninguna decisión judicial que vincule a la cooperativa con actividades ilícitas.

Los representantes de la empresa señalaron que los señalamientos afectan la imagen de una organización construida durante décadas por cientos de asociados y trabajadores. Además, sostuvieron que las investigaciones adelantadas por las autoridades administrativas carecen de sustento jurídico suficiente.

Durante la reunión también se presentó un momento de tensión cuando representantes legales y abogados vinculados a la actual administración de Velotax intentaron intervenir en la sesión. Sin embargo, los organizadores aclararon que se trataba de un espacio de carácter interinstitucional reservado para autoridades públicas, por lo que finalmente no se permitió su participación.

Uno de los abogados presentes cuestionó la intervención del Gobierno Nacional en el proceso y advirtió sobre una posible extralimitación de funciones por parte de algunas entidades involucradas.

La disputa sigue abierta

Mientras el Gobierno Nacional insiste en la necesidad de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por la Superintendencia de Transporte, las directivas de Velotax sostienen que continuarán defendiendo jurídicamente la cooperativa y exigiendo claridad sobre los intereses que, según ellos, existirían detrás del proceso de intervención.

La controversia mantiene enfrentadas a las autoridades nacionales y a los actuales administradores de una de las empresas de transporte más representativas del Tolima, en medio de un proceso que continúa generando repercusiones políticas, jurídicas y empresariales.