¡Vuelve y juega! Los lunares del millonario contrato que adelanta Infibagué
A tan solo días de haberse conocido el polémico contrato de arrendamiento de software en Infibagué, otro proceso contractual vuelve a encender las alarmas en esta entidad.
Se trata de un contrato por $1.200 millones, con una duración de apenas 120 días, destinado a la prestación de servicios logísticos y suministro de elementos para la ejecución y comunicación de proyectos del Instituto.
El contrato, identificado en la plataforma SECOP como de monto agotable, fue sustentado con estudios de mercado que generaron nuevas dudas.
De acuerdo con documentos revisados por la unidad investigativa de Ecos del Combeima, las tres cotizaciones recibidas para justificar la contratación —de la Fundación Generamos Futuro, Fundación Conecta y Barrilito Producciones— oscilaban entre $543 y $544 millones, es decir, menos de la mitad del presupuesto finalmente adjudicado.
Abogados consultados por el medio señalan que esta diferencia viola el principio de planeación consagrado en la contratación pública, y podría derivar en una denuncia por posibles sobrecostos y desconocimiento de las economías de escala.
Entre tanto, el silencio persiste desde la gerencia de Infibagué, encabezada por el excontralor Edilberto Pava.
Desde sectores de opinión se ha pedido a la alcaldesa Johana Aranda tomar cartas en el asunto y revisar lo que parece convertirse en un patrón en Infibagué.
¿Direccionamiento?
Pero el caso va más allá. Un análisis técnico al que tuvo acceso este medio señala indicios de posible direccionamiento contractual, al incluir requisitos que serían desproporcionados, restrictivos y técnicamente injustificados que podrían vulnerar principios fundamentales de la contratación pública
Entre las aparentes irregularidades detectadas se encuentra la exigencia desproporcionada de una planta de producción de alimentos, en un contrato eminentemente logístico. Este requisito solo tendría sentido en procesos donde la alimentación es el eje principal, como el PAE o comedores escolares, pero no en un contrato cuyo núcleo es la logística.
Por su parte, una fuente cuestiona que en el proceso se otorgan 20 puntos por presentar el compromiso de un artista que cumpla condiciones cerradas, como haber ganado el premio “Nuestra Tierra” en una categoría específica, más de 10 millones de reproducciones y 20 años de trayectoria nacional e internacional.
Estos criterios excluyen a artistas reconocidos que no cumplen todos los requisitos, como Jessi Uribe, Yeison Jiménez o Jhon Alex Castaño.
Estas situaciones podrían dar lugar a la nulidad parcial del pliego, observaciones formales ante la entidad y eventuales acciones disciplinarias o fiscales por parte de los entes de control.
