Subsidios de vivienda por una cuantía de $1.1 billones de pesos, otorgados a través de Fonvivienda y que buscan favorecer a 83 mil colombianos, no se han podido hacer efectivos, y a 31 de diciembre de 2014 se encontraban vigentes y sin legalizar, reveló el Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón.

Los subsidios no fueron reclamados (los beneficiarios no han aplicado a los mismos, por diferentes razones), o los proyectos respectivos fueron declarados fallidos, precisó el jefe del organismo de control.

Los subsidios fueron otorgados entre los años 2005 y 2014.

“Se trata de una situación grave, complicada, que debe corregirse, sobre todo brindando orientación a los beneficiarios”, indicó el Contralor Maya Villazón al hablar del tema con el programa institucional de la CGR “Colombia tiene Control”, que se transmite por el Canal Señal Institucional.

Los procesos de auditoría adelantados por la Contraloría a Fonvivienda indican que la gestión realizada por esta entidad no ha logrado la oportuna y efectiva materialización del subsidio asignado y que estos recursos, que se mantienen en el Banco Agrario y en fiducias, logren el fin para el cual fueron asignados.

La situación de estos subsidios sin legalizar es la siguiente:

*41.101 subsidios por $567.447 millones no han sido movilizados (siguen en el Banco Agrario).

*35.075 subsidios por $392.687 millones fueron pagados anticipadamente sin legalizar (no se han escriturado las viviendas).

*Y 7.429 subsidios por $142.214 millones no han sido cobrados y tales recursos permanecen en fiducias y en el Banco Agrario.

La suma de $1.1 billones en subsidios no efectivos era incluso más alta, pero como resultado de las últimas auditorías adelantadas por la CGR (entre el 2012 y el primer semestre de 2015) se han recuperado recursos o se han obtenidos beneficios para el patrimonio público hasta por $173.893 millones.

Rezagado Programa de Vivienda Gratuita

El Contralor Edgardo Maya Villazón llamó de paso la atención por el rezago que muestra el Programa de Vivienda Gratuita, que tiene por objeto garantizar el acceso efectivo a la vivienda por parte de familias en condiciones de extrema pobreza, población desplazada por la violencia, afectados por desastres naturales y los que habitan en zonas de riesgo.

Aunque se proyectó otorgar 100.000 viviendas entre 2012 y 2015, a 31 de diciembre de 2014 se habían terminado 77.296, que corresponden al 77% de lo propuesto, presentando un rezago del 23%.

En cuanto a la legalización de las viviendas, no se han establecido términos precisos para adelantar este proceso y se evidencia incumplimiento en los cronogramas de ejecución de los proyectos construidos bajo los esquemas públicos y de convenios.

“Lo anterior, genera atrasos en el cumplimiento de la entrega de soluciones de vivienda a dicha población, circunstancia que incide en la efectiva y oportuna asignación de subsidios de vivienda, así como en la expectativa de la comunidad potencialmente beneficiaria, debilitando la efectividad de la política de vivienda del Gobierno”, sostiene la Contraloría. 

En la auditoría a Fonvivienda (vigencia 2014), la CGR estableció una baja ejecución en el cumplimiento de las metas formuladas para otros programas, como el Programa de Ahorradores (VIPA), los cuales arrojan un porcentaje inferior de ejecución con referencia al proyectado, como se observa en el siguiente cuadro:

Viviendas certificadas y no habitadas

La Contraloría realizó visitas a los proyectos Altos de Parrantial (ubicado en el municipio de Maicao), Los Deseos (en la ciudad de Riohacha) y Ciudad Equidad (ubicado en Santa Marta), los cuales hacen parte del esquema privado del Programa de Vivienda Gratuita, y observó que existen viviendas ya certificadas por Findeter y que a junio de 2015 no se encuentran asignadas a beneficiarios.

Para la CGR, esta situación pone de manifiesto debilidades en los mecanismos adoptados para lograr la habitabilidad de las viviendas, incidiendo de esta manera en la entrega oportuna de las soluciones de vivienda a la población en extrema pobreza, al igual que en la efectiva ejecución de los subsidios familiares de vivienda.

“Esta circunstancia podría generar gastos adicionales para el programa de vivienda gratuita, asociados a la vigilancia, pago de servicios públicos, administración del patrimonio colector, entre otros”, indica la auditoría realizada por el organismo de control.