Un análisis técnico sobre los efectos que traería reducir el límite global de inversiones en el exterior de los fondos de pensiones obligatorias administrados por las AFP, tanto para los afiliados a los Fondos Privados de Pensiones, como para las finanzas públicas del país, realizó la Contraloría General de la República, CGR.

Según el estudio de la CGR determinó que una menor rentabilidad de los fondos incrementa la presión fiscal y podría poner en riesgo la estabilidad del sistema pensional así como la rentabilidad del ahorro pensional.

La iniciativa del Gobierno propone reducir progresivamente el límite de inversión en el exterior de los fondos de pensiones del 49 % actual a un 30 % en cinco años, con un periodo de transición que fija un tope del 35 % durante los primeros tres años.

De acuerdo con el borrador de decreto y con la proyección de crecimiento estimada de los recursos de las AFP, en 2028 el límite sería del 35 % (equivalente a $274,2 billones) y en 2030 bajaría al 30 % (unos $306,3 billones), lo que implicaría repatriar cerca de $100,3 billones en 2028 y $177,8 billones aproximadamente en 2030 para destinarlos a inversión local.

Los riesgos

Rentabilidad y pensiones futuras

Respecto a la garantía del pago futuro de pensiones, tanto para los trabajadores como para el Estado, la Contraloría observa que no se tiene certeza sobre los proyectos de inversión o alternativas locales capaces de absorber la proporción de inversión nacional dentro de los portafolios de las AFP, que pasaría del 51 % actual al 69 %, esto es, un 18 % adicional. Históricamente, las inversiones realizadas dentro del país han presentado rendimientos más bajos que aquellas realizadas en mercados internacionales.

Desde la implementación del esquema de multifondos, el fondo moderado, que combina activos locales y externos, ha obtenido una rentabilidad promedio anual del 8,5 %, mientras que un portafolio invertido exclusivamente en Colombia habría registrado alrededor de 3,8 % en el mismo periodo.

Esta diferencia se explica por la mayor profundidad, liquidez y diversificación de los mercados internacionales, así como por los beneficios asociados a la valorización de activos y al tipo de cambio.

Las simulaciones indican que un millón de pesos invertidos en 2011 en activos internacionales, habrían alcanzado un valor aproximado de $3.228.356,48, equivalente a una rentabilidad promedio anual del 8,5 %. En contraste, la misma inversión realizada exclusivamente en el mercado interno habría llegado a $1.670.363,09, con una rentabilidad promedio del 6,8%. 

En términos prácticos, esta brecha de rendimientos implicaría que, al momento de pensionarse, un trabajador podría contar con un saldo hasta 29,5 % menor, lo que se traduciría en una reducción equivalente en el valor de su mesada pensional.

Con base en la información disponible en la Superintendencia Financiera de Colombia, los cuatro fondos del régimen de ahorro individual con solidaridad registraron un capital total de $529,1 billones a diciembre de 2025, con un rendimiento promedio del 6,43 % en los últimos cuatro años. 

Si adicionalmente se considera que el Gobierno Nacional busca repatriar cerca de $177, 8 billones invertidos hoy en el exterior, en un periodo de cinco años, con esta medida se podría dejar de percibir en rentabilidad el 3,7% sobre dichos recursos, equivalente a $3,2 billones menos en las cuentas individuales de los afiliados.

Para la Contraloría, limitar la diversificación internacional podría traducirse en una menor rentabilidad ajustada por riesgo para los fondos de pensiones, afectando directamente el ahorro de millones de colombianos. Una asignación de recursos guiada más por necesidades fiscales que por criterios técnicos y financieros podría comprometer la estabilidad y el crecimiento de estos ahorros en el largo plazo.

Adicionalmente es importante destacar que el Estado, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, es garante de la pensión, por lo tanto, si los recursos pensionales rentan menos, el faltante para lograr una pensión mínima tendría que asumirlo el Estado, implicando un mayor riesgo de déficit fiscal.

Efectos sobre la reforma pensional

Una menor rentabilidad de los fondos no solo afecta el ahorro de los trabajadores, sino que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas. En el marco de la Ley 2381 de 2024, actualmente en revisión por parte de la Corte Constitucional, el sistema enfrentaría un escenario desafiante: las proyecciones indican que el número de afiliados activos comenzará a disminuir a partir de 2037, mientras que el número de pensionados seguirá aumentando.

Dado que Colpensiones opera bajo un esquema de reparto, una reducción en los recursos transferidos desde las AFP, producto de menores rendimientos, incrementa el déficit actuarial y obligaría al Estado a destinar mayores recursos fiscales para garantizar el pago de las pensiones, especialmente entre 2037 y 2052.

La Contraloría General de la República hace un llamado para que la discusión sobre la repatriación de inversiones priorice la protección del ahorro pensional, la sostenibilidad del sistema y el interés de los afiliados, pilares esenciales de la confianza en el sistema de pensiones.