De acuerdo con las disposiciones del Decreto 282 de 2019, los hogares que invierten en vivienda nueva contarán con nuevos instrumentos que ampliarán el actual régimen legal y de responsabilidades que protegen sus inversiones.

En el país se venden anualmente 180 mil viviendas nuevas por 35 billones de pesos, siendo el principal componente de inversión y patrimonio de los hogares.

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 282 de 2019, con el cual se establecen nuevas medidas de protección en la compra de vivienda nueva, orientadas a cubrir perjuicios patrimoniales que deriven de riesgos constructivos en los proyectos de vivienda nueva.

Estas disposiciones entran a complementar el amplio e integral régimen regulatorio, legal y de responsabilidades definido para la construcción y comercialización de vivienda nueva en Colombia, como el Código de Construcciones Sismo Resistentes – NSR 2010 y la Ley 400 de 1997, el Código Civil, el Estatuto del Consumidor y las demás medidas técnicas preventivas de supervisión y revisión derivadas de la Ley de Vivienda Segura - Ley 1796 de 2016.

Para la presidenta ejecutiva de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “estas nuevas medidas se suman al extenso y completo marco regulatorio que tiene el sector y que garantizan la calidad de las edificaciones, en ese sentido deben convertirse en una nueva fuente adicional de confianza para los compradores de vivienda nueva. Desde el sector, esto reafirma el compromiso de los constructores formales por respaldar las inversiones de los hogares del país”. 

Luego de expedido este Decreto, (Decreto 282 de 2019) que contiene la definición y alcance de los instrumentos financieros de resarcimiento, será la Superintendencia Financiera de Colombia la institución encargada de la reglamentación secundaria para establecer las disposiciones puntuales y sentar las condiciones de operación de dichos instrumentos en el mercado.

Camacol ha insistido que, si bien estos instrumentos financieros serán importantes para el propósito del país y del sector de ampliar la protección a los hogares compradores de vivienda, se debe ser muy cauteloso y preciso en su puesta en marcha, en tanto se pueden afectar la oferta de proyectos o limitar la accesibilidad a la vivienda.