La rendición de cuentas es uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema democrático, y es especialmente relevante en el caso de los concejales. Los concejales son elegidos por los ciudadanos para representar sus intereses y necesidades en el gobierno local, y es por ello que es necesario que rindan cuentas de su gestión y decisiones. La transparencia y la obligación de los concejales de ser responsables de sus acciones y decisiones ante los ciudadanos que los han elegido, hace necesario la existencia de normas que exijan una rendición de cuentas.

La rendición de cuentas es una herramienta esencial para garantizar la transparencia y la confianza en la gestión pública. Los ciudadanos tienen derecho a conocer la forma en que se está gestionando su gobierno y cómo se están utilizando los recursos públicos. De esta manera, pueden evaluar si las decisiones tomadas por los concejales se corresponden con sus intereses y necesidades.

Siendo una cuestión de ética y responsabilidad política, como electora me sentiría bien representada si tuviera acceso a los resultados de la gestión de los concejales, pero infortunadamente, la obligación de hacerlo no está actualmente contemplada en la Ley. Solo a través de un Acuerdo municipal se podría exigir una rendición de cuentas. Recientemente el Concejal Arturo Castillo, en una muestra de ética, responsabilidad y coherencia, presentó un proyecto de acuerdo para autorregularse, el proyecto contemplaba que cada concejal rindiera un informe público anual con: 

“1. Síntesis de la hoja de vida del concejal con su respectiva declaración de renta.
2. Proyectos de Acuerdo presentados en la vigencia y su trámite.
3. Ponencias presentadas.
4. Registro de asistencias y excusas por inasistencia.
5. Proposiciones presentadas y el trámite dado.
6. Conformación del equipo de la Unidad de Apoyo Normativo adscrito a cada concejal anexando los informes de gestión presentados en cumplimiento de su vinculación contractual.
7. Informe que contenga el trabajo desempeñado a la Comisión Permanente de la que haga parte.
8. Registro de impedimentos y conflictos de interés.
9. Gestiones de interés público tales como denuncias, acciones jurídicas, y trabajo comunitario y cualquier otro mecanismo encaminado a atender las problemáticas ciudadanas.”

Después de leer todo este proyecto, uno pensaría que un acto de grandeza al aprobar este acuerdo, solo sería predicable de quienes actúan con honestidad y compromiso con la ciudadanía, en efecto así fue, pero como suele ocurrir en instituciones como esta, hay una porción de honorables concejales que no se alinean con este tipo de exigencias.

Fueron 3 concejales los encargados de hundir el proyecto de acuerdo sin pudor ni vergüenza alguna, pensaría uno que dos de ellos, Julián Serna y Brayan Escandón, tendrían que elevar la consulta a sus líderes políticos, quienes quizás no avalaron dicha aprobación por considerarla inconveniente; por otro lado, tenemos a la vehemente Linda Perdomo, de larga trayectoria en el Concejo Municipal, quien extrañamente también votó negativamente. Ad portas de un eventual aval para su candidatura a la alcaldía de Ibagué, habría sido un buen gesto apoyar este tipo de acuerdos, y resulta inverosímil ver cómo sus discursos se esfuman en actos como este, en donde deja entrever su interés por continuar gestionando sin rendir cuentas a los ciudadanos. 

Pensar en qué puede pasar por la mente de un concejal que no apoye este tipo de proyectos, lleva a suponer una posible razón que puede ser el temor a la crítica y la exposición pública. Al rendir cuentas, los concejales pueden estar sujetos a la crítica y el escrutinio público, lo cual puede ser incómodo o incluso intimidante para algunos. Además, puede existir el temor a ser objeto de denuncias o investigaciones por parte de organismos de control. igualmente, en algunos casos puede haber intereses personales o partidistas que lleven a algunos concejales a resistirse a rendir cuentas. Puede haber casos en los que los concejales prefieran mantener ciertas decisiones o acciones en secreto para proteger intereses personales o partidistas.