Debo confesar algo con toda la honestidad del mundo: cuando empezaron a hablar de las APPA en el Tolima, yo también tuve que googlear.

Colombia arrancó un nuevo ciclo político esta semana. Pero hay otro tema y realidad que no espera y en el que debemos tomar acción.

Con la posesión del nuevo Gobierno Nacional comienza también la construcción del Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento de política pública más importante para orientar el rumbo económico y social del país durante los próximos cuatro años.

Aquí está probablemente la herencia económica más complicada del gobierno Petro. Se quiso construir un Estado capaz de garantizar más derechos, entregar más subsidios y asumir mayores responsabilidades sociales, pero no se consiguió construir al mismo ritmo la economía productiva capaz de financiarlo.

En medio de todas las locuras que aquí suceden, realmente somos unos afortunados, pues una vez más se demostró que Colombia es un país de instituciones fuertes y sólidas.

Ha pasado más de un mes y por el momento, no conocemos la voz de la nueva directora de Espacio Público, ni las estrategias con las que la ya no tan nueva funcionaria debe enfrentar dicha problemática, que como dije anteriormente, pareciera reducirse solamente a la ocupación de la mal llamada “calle bonita”.

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.