Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

El salario mínimo no se fija con base en aspiraciones políticas, sino en variables objetivas y verificables.

Según cifras oficiales del DANE (Encuesta Nacional de Arroz Mecanizado), en el primer semestre de 2025 se sembraron en Colombia más de 417 mil hectáreas de arroz mecanizado, y el Tolima sigue siendo uno de los departamentos protagonistas en área cultivada.

El problema no es la falta de instrumentos constitucionales. Es la ausencia de preparación técnica y compromiso real en parte de la dirigencia legislativa.

La agresión a la gobernadora Matiz, que no fue solamente verbal, pues le lanzaron objetos contundentes, impactando uno de ellos en los hombros de una mujer que se encontraba allí cerca, es un acto reprochable que merece toda la indignación del caso.

Más que escoger candidatos, la consulta del 8 de marzo será un termómetro del liderazgo que los colombianos están dispuestos a respaldar en medio de la polarización y la incertidumbre.

Hoy la situación no solo no mejora, sino que se agrava, y la comercialización del arroz se vuelve cada vez más pesada y más injusta para el agricultor tolimense.

Lo divertido es que, en medio de esta contradicción, las “bodegas” de gobierno salen a cobrar la “magnifica” gestión que está generando el resultado tan maravilloso de una tasa de cambio baja.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.