Es un contrasentido que Colombia, qué es uno de los países con la mayor biodiversidad, grandes fuentes hídricas de agua dulce y con millones de hectáreas que son aptas para la agricultura, figuremos junto a Haití y Honduras dentro de los países del continente americano en riesgo de hambre para el año 2022, como lo informó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Según el organismo de las Naciones Unidas, la inestabilidad política y social, la crisis migratoria regional, el desplazamiento interno, la violencia, el impacto de la pandemia y los retrasos en la implementación del acuerdo de paz, contribuyen al agravamiento de una crisis, que, en nuestro parecer, es el reflejo inocultable de un problema estructural de vieja data, un acumulado de políticas públicas erradas y un abandono inaceptable del desarrollo productivo del campo colombiano.

Una de las primeras falencias en el desarrollo rural que hace parte del acumulado histórico del problema del hambre en nuestra nación, empieza con aprovechar las veintiséis (26) millones de hectáreas aptas para el desarrollo de cultivos de alimentos que tenemos en Colombia, pues según datos del Ministerio Agricultura a la fecha de hoy escasamente se trabajan cerca de siete (7) millones de hectáreas para la producción agrícola. Por otro lado, tenemos hondas deficiencias en la planificación agropecuaria, nulo acompañamiento financiero a los pequeños cultivos de campesinos y las peores vías terciarias, que son prioritariamente por donde deben transitar los productos que se sacan del campo profundo. A esto debemos añadir, la existencia de intermediarios mafiosos que imponen el valor de la cosecha, acaparando el producto e imponiendo el precio final al consumidor, dejando al campesino en condición de desventaja y pobreza.

El Gobierno nacional ha definido políticas públicas sin ningún impacto positivo real el campo Colombiano y en ocasiones diseña programas excluyentes que concluyeron en bochornosos actos de corrupción, como el recordado Agro Ingreso Seguro que benefició a grandes empresarios sin experiencia productiva rural, en detrimento del pequeño campesino que ha trabajado la tierra, situación agravada con la decisión de apertura de fronteras no estratégicas, lo que permite el ingreso de más de 16 millones de toneladas de alimentos anuales del extranjero, los cuales podrían producir nuestros campesinos.

Es decir, bien podríamos extendernos ampliamente en datos, expedientes y cifras sobre la riqueza nacional que se escurre entre los dedos y la conclusión sería inmutable: en este país, la alimentación no puede seguir siendo un privilegio de pocos, mientras el hambre campea en los barrios populares y territorios abandonados por el Estado.

A diferencia de países como Alemania, que nos duplica en población y tiene casi 4 veces menos territorio, Colombia tiene todos los climas, tipos de suelo, fuentes hídricas y tierras ricas, no hay derecho para que exista el hambre. Una respuesta básica apunta a una mayor redistribución equitativa de las cargas y beneficios sociales, fortalecer las instituciones públicas (puestas al servicio del latifundio improductivo y la especulación) y promover formas asociativas de comercio rural interconectadas a las ciudades y al mercado internacional. Y ello no requiere fórmulas novedosas, basta con cumplir con la ley y la Constitución de 1991. En consecuencia, pasa necesariamente por cumplir con lo pactado en el punto 1 y el punto 4 del Acuerdo Final de Paz, arrebatarle el campo colombiano al narcotráfico y liberar al campesinado de los cultivos de uso ilícito.