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De los hechos y los derechos

Hacer política pública, que trascienda en un impacto positivo para el desarrollo económico y social de una nación, debe estar vinculada a la generación de oportunidades.
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11 Abr 2021 - 8:52 COT por Ecos del Combeima

Mucho se habla de los niveles de pobreza en nuestro país, algunos lo hacen desde el punto de vista técnico económico, otros desde el punto de vista social, la pobreza ha sido utilizada en Colombia para muchos fines, los más mezquinos son los fines electorales y los del populismo de izquierda y de derecha, que no buscan satisfacer los fines esenciales del Estado, sino los individuales o de una facción de la sociedad. 

Hacer política pública, que trascienda en un impacto positivo para el desarrollo económico y social de una nación, debe estar vinculada a la generación de oportunidades, a la distribución equitativa de los recursos y al ajuste para lograr el equilibrio social, cualquier decisión debe ser tomada en esos preceptos.

El concepto de equidad entendido como un modelo racional de distribución de la riqueza y de oportunidades, logra un balance social, un equilibrio que mejora la calidad de vida de los ciudadanos, una expresión autentica que genere los espacios, para los que más necesitan, para los que menos tienen; un ejemplo de ello es la gratuidad en la educación superior, un patrimonio supremo que debe estar por fuera de las luchas por polarización o ideologización, para convertirse en un consenso de generación de espacios para talentos, que no se pueden seguir perdiendo, lo mismo debe contener una reforma económica, una prioridad de tributar  los que más tienen, para beneficiar a los que menos tienen, pero con especificaciones claras y contundentes de los beneficios a obtener. 

La pobreza debe ser controlada, los pobres beneficiados para salir de ella y evitar el estallido social, el hambre debe desterrarse de una nación productora de alimentos, que no engrana una política pública para que esta tragedia no pase, según el Departamento Nacional de Planeación de Colombia, en el país se pierden o desperdician anualmente 9,76 millones toneladas de alimentos, que equivale al 34 % de la producción total.

El populismo de izquierda o de derecha seguirá rampante sus tesis, sino avanzamos urgentemente en esta nación tan pobre en medio de tanta riqueza, hacia un nuevo modelo que nos permita un progreso social y económico equitativo, equilibrado, alejado de la mediocridad, la corrupción y lleno de oportunidades para todos.

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Por eso, elegir bien no es un asunto menor. Es decidir quién tendrá la responsabilidad de defender al Tolima con argumentos, con liderazgo y con visión de desarrollo, en el escenario donde se toman las decisiones más importantes del país.

El crecimiento de 131 % no debe leerse como un punto de llegada, sino como una señal de oportunidad. Porque la participación del Tolima dentro del total nacional sigue siendo cercana al 0,35 % en exportaciones no minero-energéticas. Es decir, hay crecimiento, pero también hay un enorme margen de expansión.

Hay quienes afirman que dicha conducta raya en un problema de salud mental, pero también, desde el punto de vista sociológico, algunos expertos, como el mexicano Omar Estrada, han abordado el fenómeno como una nueva forma de expresión de los jóvenes que hay que entender y comprender.

“Con seguridad todo y sin seguridad nada¨, frase que ha calado profundamente en todos los colombianos, al nacer de una realidad.

Colombia atraviesa un momento económico complejo, mientras el debate político se consume en polarización, la economía real intenta sostenerse sobre una base exportadora aún frágil y altamente dependiente de bienes primarios.

La decisión más importante en marzo, mayo y junio de 2026 es elegir pensando en nuestra institucionalidad y democracia, que ha sido la más antigua y solida de Latinoamérica y respetar, así no nos gusten, esos pesos y contrapesos, y mejorar esta institucionalidad para que nunca más alguien abuse de ella o termine proponiendo constituyentes amañadas, para gobernar a su antojo. 

Las medidas cautelares adoptadas por el Consejo de Estado, en el estudio de la demanda contra el decreto mediante el cual se fijó el salario mínimo para el año 2026, solo confirman una cosa: la ligereza que ha caracterizado a este gobierno cuando de sustentar legalmente sus actuaciones se trata.

Hoy la situación no solo no mejora, sino que se agrava, y la comercialización del arroz se vuelve cada vez más pesada y más injusta para el agricultor tolimense.

¿Cómo es posible que, a pesar de contar con presupuestos, políticas y documentos que advierten sobre la importancia de tomar medidas, aún no tengamos campañas bien estructuradas para reducir el consumo de agua?

Hemos sido engañados, por altos estamentos nacionales quienes desconocen y pretenden minimizar las grandes falencias de este “antisistema de salud” fundamentado sobre la intermediación financiera.